
En la noche del lunes 9 de junio de 2025, se conoció que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó la suspensión de la Regla Fiscal en Colombia hasta por tres años.
Esta decisión permite al Gobierno colombiano, por medio del Ministerio de Hacienda, dejar de cumplir temporalmente con los límites establecidos por la Regla Fiscal, un marco legal que regula el manejo de las finanzas públicas en el país.
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Pese a las recomendaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) de no optar por esta vía, argumentando que no existían razones suficientes para su justificación, la principal motivación mencionada por el Consejo radica en la imposibilidad de cumplir con la meta de déficit fiscal del 5,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) establecida para el año 2025.
Sin embargo, analistas de Corficolombiana indicaron en el medio digital La República que, si se aprueba la suspensión de la regla fiscal, el déficit fiscal de Colombia podría alcanzar el 7,4 por ciento del PIB en el año en curso, una cifra que duplica el promedio registrado antes de la pandemia y supera ampliamente la meta oficial.
“El déficit a financiar en 2025 será entre $26 billones y $47 billones más alto de los previsto en el Plan Financiero, generando aún más presión sobre las tasas de los TES”, explicaron desde la entidad al medio citado.

Según informó Semana, la decisión fue conocida tras un encuentro entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que preside este organismo, así como el director de Planeación Nacional, el consejero económico de la Presidencia, los viceministros de Hacienda, los directores del Tesoro Nacional y de Crédito Público, y el director de la Dian.
La adopción de la cláusula de escape se venía analizando desde la primera semana de junio, en medio de la Convención Bancaria realizada en Cartagena, donde el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que dicha medida busca responder a los desafíos fiscales actuales y asegurar el cumplimiento de compromisos como el pago de subsidios a los combustibles y la energía, así como el servicio de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“La medida era necesaria para atender los problemas fiscales que afronta el país y para garantizar el pago de los subsidios de los combustibles y energía y el crédito con el FMI”, dijo el jefe de cartera en el evento público.

La regla fiscal, instrumento clave para la disciplina de las finanzas públicas en Colombia, establece límites al déficit y al endeudamiento del Estado.
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión. Se espera que la cartera liderada por Germán Ávila realice un anuncio formal durante una rueda de prensa programada para las 11:00 a.m. del martes 10 de junio.
La última vez que se suspendió la regla fiscal fue en 2021, siendo un procedimiento que no requiere la intervención del Congreso, sino de la aprobación del Confis y un concepto no vinculante del Carf. La reunión del Confis ya se realizó, aunque aún no se ha emitido un veredicto definitivo sobre la propuesta.
Advertencias del Carf
Según el informe publicado por el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), el gasto fiscal total del Gobierno colombiano, considerando los pagos realizados, se mantuvo por encima del promedio de los últimos cuatro años, situándose en 7 por ciento en 2025, frente a un promedio de 6,2 por ciento, entre 2021 y 2024.
De acuerdo con la organización, este comportamiento refleja que los ingresos tributarios no han sido suficientes para cubrir las necesidades del Estado, lo que llevó a que el gobierno acelerara la ejecución presupuestal y utilizara recursos de reservas constituidas en 2024.

El Carf advirtió en su informe que la aceleración en la ejecución presupuestal obligó al gobierno a recurrir a reservas constituidas en 2024, lo que evidencia la presión sobre las finanzas públicas. “La caja, en abril, se mantenía en niveles bajos, inclusive, por debajo de los niveles de un mes como el cuarto del año”, señaló el comité.
La decisión ha generado debate entre analistas y exfuncionarios, quienes advierten sobre el impacto que podría tener en la estabilidad macroeconómica y en la percepción de riesgo país.

Por un lado, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, expresó que la reciente decisión del Gobierno colombiano podría afectar la percepción de los inversionistas internacionales, al considerar que no existe un hecho sobreviniente que justifique la activación de la cláusula de escape.
Por su parte, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry advirtió que la reciente decisión del Gobierno representa “un muy mal anuncio para los mercados, donde se compra deuda pública colombiana”.
“El Gobierno la suspende sin una razón, la razón es que está gastando mucho. Es un contrasentido”, dijo el exministro en diálogo con Caracol Radio. Adicionalmente, subrayó que esta decisión podría tener repercusiones negativas en la percepción de los inversionistas y en la estabilidad de los mercados.
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