Contraloría advirtió que la suspensión de la regla fiscal carece de justificación técnica

El debate sobre la suspensión de la regla fiscal en Colombia generó una fuerte reacción por parte de la Contraloría General de la República, que cuestionó la justificación del Gobierno nacional para activar la llamada “cláusula de escape”.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor General, afirmó que no existen fundamentos técnicos ni condiciones externas que respalden esta decisión, lo que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según el organismo de control, las advertencias realizadas desde 2023 sobre los riesgos fiscales no han sido atendidas, y las decisiones actuales reflejan una falta de correcciones oportunas.

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La regla fiscal, vigente desde 2011 y actualizada en 2021, establece límites al déficit y la deuda del Gobierno nacional para garantizar la estabilidad macroeconómica. Su suspensión, aprobada por el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) el 9 de junio, permitirá al Gobierno flexibilizar temporalmente estos límites durante tres años.

Sin embargo, la Contraloría reiteró que esta medida podría enviar un mensaje negativo a los mercados internacionales, aumentando los costos de endeudamiento y afectando la credibilidad del país. Rodríguez enfatizó que, aunque aún no se han escuchado en detalle las razones del Ejecutivo, las condiciones actuales no justifican la activación de esta cláusula.

Entre las preocupaciones expresadas por la Contraloría, se encuentran tres medidas recientes adoptadas por el Gobierno: la suspensión de la regla fiscal, la decisión de anticipar el recaudo del impuesto de renta de 2026 y la negativa a reducir el presupuesto. Según Rodríguez, estas acciones son contrarias a las recomendaciones del ente de control, que ha insistido en la necesidad de ajustar el gasto corriente para contener el crecimiento del gasto de funcionamiento. El contralor advirtió que estas decisiones podrían tener implicaciones estructurales en el mediano y largo plazo, comprometiendo la estabilidad fiscal del país.

Por otro lado, expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señalaron que no existe un evento extraordinario que justifique la activación de la cláusula de escape. Mejía afirmó que la economía colombiana muestra signos de recuperación, con un crecimiento económico sostenido, una reducción del desempleo y una inflación en descenso.

Según el economista, esta decisión podría interpretarse como una señal de inestabilidad fiscal, lo que agravaría la situación al encarecer el costo del endeudamiento. Jaime Rojas, economista del Politécnico Grancolombiano, coincidió en que los mercados financieros podrían sancionar al país con tasas de interés más altas, al percibir que el Gobierno enfrenta dificultades para manejar su nivel de deuda.

No obstante, algunos sectores consideran que la suspensión de la regla fiscal era inevitable debido al alto nivel de déficit. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, esta medida refleja la necesidad de sincerar las cuentas públicas, ya que las proyecciones del Plan Financiero estaban sobreestimadas.

Para los expertos de la Javeriana, la activación de la cláusula de escape debió haberse realizado el año pasado para evitar una pérdida de credibilidad en la institucionalidad fiscal. Además, señalaron que el incumplimiento de la regla fiscal se había maquillado previamente con transacciones de única vez que representaron un impacto del -1,9% del PIB.

Otro factor que ha influido en esta decisión es la falta de ingresos suficientes para respaldar el presupuesto nacional, especialmente tras el hundimiento de la ley de financiamiento y la suspensión de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Rojas explicó que estas circunstancias obligaron al Gobierno a buscar alternativas para evitar el incumplimiento de la regla fiscal, aunque esto implique enfrentar sanciones por parte de los mercados financieros internacionales.

De acuerdo con Portafolio, fuentes cercanas al Gobierno Petro señalaron que la activación de la cláusula de escape estará acompañada de un compromiso para estructurar un plan integral de ajuste fiscal. Este plan será detallado en el próximo Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), que se presentará el 13 de junio.

Según estas fuentes, el objetivo es reorganizar el sistema tributario y priorizar la inversión social, sin incumplir con las obligaciones financieras del país. El Gobierno busca transmitir el mensaje de que esta medida no es un “cheque en blanco”, sino una herramienta para estabilizar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad económica en el largo plazo.

En este contexto, la Contraloría General de la República insistió en que sus advertencias deben ser tomadas como un llamado preventivo para evitar consecuencias irreversibles. Rodríguez subrayó que, aunque el organismo de control solo puede actuar legalmente en casos de detrimento patrimonial, es fundamental que las decisiones actuales no comprometan la estabilidad del país.

“Espero que esto no vaya a tener unas implicaciones, pero a juicio nuestro sí nos preocupa ostensiblemente”, afirmó el contralor, reiterando la necesidad de revisar el gasto de funcionamiento del Estado y proteger la inversión pública como parte de la política de reactivación económica.