Qué pasa si un empleador no paga la prima de mitad de año: estas son las sanciones a las que se vería enfrentado

El 30 de junio es el plazo máximo para que los empleadores en Colombia realicen el pago de la prima de servicios correspondiente al primer semestre del año.

Este beneficio, establecido en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), constituye un derecho irrenunciable para millones de trabajadores formales en el país.

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Según informó el Ministerio de Justicia y del Derecho, en caso de incumplimiento, los empleados pueden recurrir a diversas instancias legales para exigir el pago, incluyendo la presentación de quejas ante inspectores de trabajo o demandas ante jueces laborales.

La prima de servicios es una prestación obligatoria que equivale a un mes de salario por cada año trabajado, dividida en dos pagos: el primero debe realizarse antes del 30 de junio, como se mencionó anteriormente, y el segundo, antes del 20 de diciembre.

Este derecho aplica a todos los empleados vinculados mediante contrato laboral, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, quedan excluidos los contratistas independientes y quienes trabajan bajo contratos de prestación de servicios, ya que estos no generan una relación laboral formal.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el incumplimiento en el pago de la prima puede acarrear graves consecuencias para los empleadores.

Entre las sanciones más severas se encuentran multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), lo que equivale a 7.117.500.000 millones de pesos en 2025.

Además, los jueces laborales pueden ordenar el pago de indemnizaciones por cada día de retraso, conforme al artículo 65 del CST. En casos de incumplimiento reiterado, los trabajadores tienen la opción de renunciar de manera justificada y reclamar indemnizaciones adicionales por perjuicios, según lo estipulado en el artículo 64 del mismo código.

El Ministerio de Justicia recomienda que, ante la falta de pago, los trabajadores intenten primero llegar a un acuerdo o conciliación con el empleador. Si esta vía no resulta efectiva, pueden acudir al inspector de trabajo para recibir asesoría y presentar una queja formal.

Otras entidades, como la Casa de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal o los consultorios jurídicos de los municipios, también están habilitadas para recibir denuncias relacionadas con este tema.

Sin embargo, el inspector de trabajo no tiene la facultad de ordenar el pago de la prima; para ello, es necesario presentar una demanda ante un juez laboral.

Así mismo, el Ministerio del Trabajo dispone de líneas de atención para orientar a los ciudadanos sobre sus derechos y los pasos a seguir en caso de incumplimiento. Estas incluyen una línea gratuita nacional (01 8000 513 100) y una línea directa desde celulares (120).

El impacto del incumplimiento en el pago de la prima no solo se limita a las sanciones legales. Según consignó el Ministerio del Trabajo, la falta de este beneficio puede generar un deterioro significativo en el clima laboral de las empresas, afectando la moral de los empleados y provocando medidas de presión por parte de los mismos.

Esto, a su vez, podría derivar en conflictos laborales más amplios y en una pérdida de confianza hacia los empleadores.

Es importante destacar que la prima de servicios no debe confundirse con bonificaciones voluntarias, las cuales son otorgadas a discreción del empleador.

Además de los trabajadores formales, aquellos que prestan servicios domésticos en hogares o casas de familia también tienen derecho a recibir esta prestación, siempre que exista una relación laboral formal.

Esto incluye a empleados con contratos de cualquier tipo o duración, siempre que cumplan con las condiciones de dependencia y subordinación establecidas por la ley.

La prima de servicios representa un ingreso adicional clave para millones de trabajadores en Colombia y es una obligación ineludible para los empleadores.

Su cumplimiento no solo garantiza el bienestar económico de los empleados, sino que contribuye a mantener relaciones laborales saludables y a evitar sanciones legales que podrían afectar gravemente a las empresas.