El Gobierno de Colombia ya tiene listo el borrador del decreto con el que se pretende convocar una consulta popular, según confirmó este jueves el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Esta herramienta jurídica, que sería remitida directamente a la Corte Constitucional para su revisión, hace parte de las estrategias del Ejecutivo para avanzar en su agenda de reformas estructurales.
La decisión del Gobierno de acudir a esta figura de participación ciudadana surge en medio de los tropiezos legislativos que ha enfrentado la reforma laboral en el Congreso de la República.
El 14 de mayo pasado, durante la votación del proyecto de consulta popular en el Senado, el Gobierno argumentó que se presentaron diversas anomalías que comprometerían la legalidad del trámite legislativo.
Entre los señalamientos se incluyen presuntos vicios de procedimiento, prácticas irregulares y posibles episodios de fraude.
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En total, el Ejecutivo ha identificado seis irregularidades concretas que, en su concepto, afectan la validez de esa jornada de votación. Con base en esos elementos, el Ministerio del Interior estructuró el borrador del decreto que ahora será sometido al examen de la Corte Constitucional, órgano encargado de evaluar la legalidad de este tipo de convocatorias antes de su eventual implementación.
No obstante, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de desistir de la consulta en caso de que el trámite legislativo de la reforma laboral en el Congreso arroje un consenso sustancial entre la Cámara de Representantes y el Senado.
Si los textos aprobados por ambas cámaras resultan similares, podría considerarse innecesario someter la reforma a votación popular.
“Si ese texto de la Cámara se asemeja mucho a lo que apoye la plenaria del Senado,en ese futuro hipotético, uno pudiera pensar entonces que no habrá consulta o se podría pensar en que no se convocará a la consulta”, dijo en declaraciones a medios el ministro Armando Benedetti.
Esta nueva jugada del Ejecutivo ocurre en un contexto político marcado por las tensiones entre el Gobierno y distintos sectores del Congreso, así como por la presión de avanzar en las reformas prometidas en campaña.
La Corte Constitucional será ahora la instancia clave que definirá si el decreto que convoca a la consulta se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.
Lo que ha dicho Eduardo Montealegre, nuevo ministro de Justicia, sobre el decreto
En un anuncio que causó revuelo en las redes sociales, exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre confirmó el martes 3 de junio de 2025 que el presidente de la República, Gustavo Petro, convocará a la consulta popular sobre la reforma laboral mediante decreto. Lo anterior, al considerar que se cumplieron los 30 días sin que el Senado en pleno hubiera dado un concepto favorable a este mecanismo de participación ciudadana; en un análisis objeto de fuertes cuestionamientos.
Esta determinación, que se tomó tras la reunión en la que participó el exjefe del ente acusador y exmagistrado de la Corte Constitucional en la Casa de Nariño, se fundamenta en la existencia de aparentes vicios de inconstitucionalidad en el trámite del Congreso. Lo anterior, tras señalarse que la votación del 14 de mayo, en que la plenaria del Senado hundió la iniciativa, con votación de 49 a 47, no cumplió con los principios de publicidad, previstos en el artículo 125 de la Ley 5 de 1992.
“El Presidente de la República en el día de hoy tomó la decisión de convocar por decreto la consulta popular sobre la reforma laboral”, dijo el jurista, al adelantar que la expedición del documento se hará antes del 11 de junio y con 12 preguntas. La posición del Ejecutivo se conoció en medio de un contexto en el que el Gobierno, pese a la dura oposición de diferentes sectores políticos, busca avanzar en la modificación al régimen laboral actual mediante la participación ciudadana.
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