La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia escribió en sus redes sociales un llamado a los colombianos a salir a las calles para protestar en contra del decreto de convocatoria de consulta popular que Gustavo Petro va a realizar durante la primera semana del mes de junio de 2025.
Frente a la determinación del Ejecutivo, la funcionaria escribió en sus redes sociales: “Colombianos, ¿estamos listos para salir a las calles para que el presidente entienda que el pueblo le exige respeto por las instituciones?“
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De hecho, horas antes en la misma red social que, de cara a un llamado a las urnas, cuyo avance es contradictorio a las votaciones en el Congreso de la República, Valencia escribió: “Todos unidos en defensa del estado de derecho. Es un momento crucial para Colombia”.
Reacciones del país político por la convocatorio a la consulta popular por decreto
La decisión del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular, pese al rechazo del Congreso, provocó una oleada de críticas desde diversos sectores políticos, que advirtieron sobre una posible ruptura institucional.
El mandatario defendió su decisión asegurando que el proceso legislativo fue irregular: “Jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”.
También anticipó que la Corte Constitucional será la encargada de determinar la validez del decreto.
Expresó que “el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”.
La respuesta del espectro político fue inmediata. El expresidente Álvaro Uribe comparó la medida con una alteración grave del orden constitucional.
“El Petrosantismo y el quiebre Constitucional. Santos le dio un golpe de Estado al Plebiscito y el Gobierno Petro al Congreso”, escribió en su cuenta de X.
En el Centro Democrático, el senador Miguel Uribe acusó a Petro de actuar fuera de la ley. Comentó: “Dice Gustavo Petro que sin importar la Constitución y la ley va a expedir el decreto para llamar a la consulta popular”.
Según el congresista, la consulta ya fue rechazada por el Senado, por lo que insistir en ella sería “irregular e ilegal”. Además, anunció acciones legales para frenar el decreto: “Lo vamos a enfrentar, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar. La pesadilla de este Gobierno se acaba el 7 de agosto del 2026”.
Una “fractura institucional”: lo que dicen los críticos del decreto
La Fundación para el Estado de Derecho (Fede Colombia) también manifestó su preocupación y calificó la iniciativa como una “fractura institucional que amenaza con desfigurar el régimen constitucional colombiano”. Según su comunicado, la medida transgrede los principios de separación de poderes, democracia representativa y legalidad.
El exministro Mauricio Lizcano se sumó a las voces críticas. A través de redes sociales, afirmó: “Esta es una línea que Colombia no puede darse el lujo de permitir. Saltarse el Congreso es totalmente inconveniente”. Además, recordó que la Registraduría jugará un papel decisivo: “El Registrador tiene la última palabra”.
Por su parte, el exjefe negociador de paz, Juan Camilo Restrepo, fue aún más enfático: “Prevaricar en buen romance es cuando un funcionario público, conociendo que algo es ilegal, toma sin embargo una medida de política pública”.
En su opinión, el presidente no solo estaría desconociendo la ley, sino también asumiendo funciones que corresponden a los jueces. “El Gobierno, que ahora resolvió actuar como juez y parte”, dijo.
Desde el Congreso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, condenó la decisión. Dijo que se trata de “una ruptura de los poderes públicos. No solo contra el Legislativo, que rechazó legítimamente la consulta, sino también contra el poder judicial”, señaló, al tiempo que calificó el anuncio como un “golpe de Estado”.
Pese a las advertencias, en la Casa de Nariño aseguraron que el contenido de las preguntas ya fue revisado por un grupo de constitucionalistas y está listo para ser presentado. La Corte Constitucional, según el propio presidente Petro, será la instancia encargada de evaluar el alcance legal del decreto.
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