Carlos Fernando Galán arreció contra Gustavo Petro por confirmar que convocará la consulta popular por decreto: “Es un quiebre institucional”

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó el martes 3 de junio de 2025 que firmará un decreto para convocar a una consulta popular sobre la reforma laboral, pese a que el Senado de la República rechazó la iniciativa el 14 de mayo de 2025, en una apretada decisión. Este anuncio, como era previsible, causó una fuerte reacción en el ámbito político, especialmente por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien calificó la medida como un “quiebre institucional”.

La controversia, en la que hizo énfasis el mandatario de los capitalinos, se centra en la legalidad y legitimidad de convocar a la ciudadanía a las urnas sin el aval del cuerpo legislativo, lo que ha encendido el debate de la separación de poderes en el país. En especial, cuando existen posiciones de expertos juristas que dejarían sin piso la teoría del Ejecutivo, que empezó a “cocinarse” cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, avisó que tenían preparadas “sorpresas” en este asunto.

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El primer mandatario informó que el decreto para la consulta popular ya está listo y que será expedido en los próximos días. “El decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño”, afirmó el gobernante, que insiste en que la determinación del Senado estuvo viciada.

El argumento jurídico de Petro es que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 5 de 1992 y el principio de publicidad de la votación, por lo que, apoyado en el artículo 33 de la Ley 1757 de 2015, la llamará por decreto.

Es válido decir que en esa ocasión, la mayoría de los senadores votó en contra de la propuesta, lo que, según la Constitución, impediría al Ejecutivo avanzar con el mecanismo de participación ciudadana por la vía administrativa, como quiere hacerlo el presidente. Sin embargo, Petro cuestionó la legitimidad de esa votación y señaló irregularidades en el procedimiento, con duras críticas contra el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que continúa siendo blanco de sus críticas.

“Lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo y su votación es ilegítima porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto favorable o no de la consulta popular. Se le olvidó. Por eso un congresista de la oposición votó sí y le voltearon el voto como no, pero ya después de que había botado la votación y se había elevado por eso, sí ilegítima. Y no dejó votar a tres senadores que estaban en la plenaria y querían votar”, dijo Petro.

La dura respuesta de Carlos Fernando Galán, que salió en defensa del Estado de derecho

La reacción de Galán no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá criticó duramente la decisión del presidente, siendo uno de los primeros en sentar su postura frente a lo que considera una afrenta del presidente a la Constitución Política y la separación de poderes en el territorio nacional. Lo hizo en su perfil de X, en el que en tres párrafos le salió al paso a lo dicho en cadena nacional por el primer mandatario y su exposición de motivos.

“Que el presidente de la República pase por encima del Congreso de la República, como lo acaba de anunciar el presidente @petrogustavo en televisión, es un hecho grave: constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de derecho y de nuestro sistema democrático”, indicó el burgomaestre, que reiteró que el Senado, en su competencia y siguiendo los procedimientos consagrados en la ley, negó la convocatoria a la consulta popular.

En consecuencia, agregó el mandatario local, cualquier inconformidad con esa decisión debe resolverse en las instancias definidas, no mediante la imposición de un decreto presidencial. “El Senado de la República, en uso de su autonomía y bajo los cauces constitucionales previstos, negó la convocatoria a la consulta popular. Cualquier duda que exista sobre esa decisión se debe alegar por vías judiciales, no pasando, en ningún caso, por encima del Congreso”, agregó.

Con este panorama, la intervención de los altos tribunales serán determinantes para definir si el decreto presidencial se ajusta a la legalidad y si la consulta popular puede llevarse a cabo. Lo que sí parece claro es que la determinación sentaría un precedente sobre los límites del poder presidencial y la autonomía del Congreso en Colombia; a lo que se sumaría el equilibrio institucional y la vigencia de los mecanismos de participación ciudadana en el país.

“Todos los que defendemos la democracia debemos rechazar este quiebre institucional que viola la separación de poderes”, puntualizó Galán en su pronunciamiento, en lo que parece ser un nuevo capítulo en los rifirrafes que han protagonizado ambos: desde la disparidad de conceptos sobre cómo debía construirse el Metro de Bogotá, el racionamiento de agua que estuvo vigente en la ciudad entre abril de 2024 y abril de 2025, entre otros temas coyunturales.