Familia denuncia posible conflicto de intereses del ICBF tras presunto abuso en jardín infantil de Bogotá

Una de las familias involucradas en el caso de presunto abuso sexual ocurrido en el Hogar Infantil Canadá F, situado en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, ha solicitado la intervención directa de la Procuraduría General de la Nación.

Esta petición busca que se adopten medidas especiales en el proceso de restablecimiento de derechos de los menores presuntamente afectados.

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El jardín en mención está adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que actualmente gestiona el procedimiento administrativo correspondiente. Sin embargo, los representantes legales de una de las familias manifestaron reparos frente al papel del ICBF en la investigación, señalando un posible conflicto de intereses.

La solicitud fue presentada formalmente por el abogado Heiner Valle Suárez, quien actúa como defensor de una de las víctimas. En la comunicación enviada al Ministerio Público, se argumenta que el rol del ICBF en este caso debe ser objeto de revisión. Según el documento, se requiere que la Procuraduría “AVOQUE conocimiento del Procedimiento Administrativo de Restablecimiento del Derecho de los menores y DESIGNE procuradores de familia con equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos y trabajadores sociales para cada niño víctima de estos delitos sexuales”.

La razón principal que sustenta esta petición radica en la relación directa entre la entidad implicada y el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos. El abogado Valle Suárez afirma que “se presenta un conflicto de intereses por parte del ICBF, ya que existe responsabilidad administrativa por la falla del servicio en el deber de protección y cuidado sobre niños y niñas a su cargo”.

El Hogar Infantil Canadá F fue mencionado públicamente en días pasados tras conocerse denuncias por parte de varios padres de familia que señalan posibles actos de agresión sexual contra menores que asistían al lugar. Estas denuncias derivaron en pronunciamientos oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en el inicio de investigaciones por parte de otras entidades del Estado.

La defensa de la familia también hizo énfasis en que su equipo jurídico insistirá en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. “Nuestra firma hará prevalecer ese interés en los estrados judiciales con el fin de obtener justicia y reparación integral”, declaró Valle Suárez, quien ha estado acompañando el proceso desde que se presentaron los primeros indicios de lo ocurrido.

El caso ha generado reacciones dentro y fuera de la institución, especialmente por tratarse de un jardín infantil administrado por el Estado, lo que ha llevado a organizaciones defensoras de los derechos de la niñez a solicitar medidas que aseguren el acompañamiento adecuado de los menores y sus familias. Algunas voces han llamado la atención sobre la necesidad de que otras entidades, ajenas al ICBF, asuman la evaluación de los hechos y el seguimiento de los procedimientos.

En días anteriores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar comunicó que había adoptado medidas administrativas frente a las denuncias y confirmó que el centro infantil involucrado fue intervenido. Así mismo, informó que algunos profesionales ya se encontraban acompañando a los menores y que se había dado traslado a las autoridades judiciales competentes.

A pesar de estas acciones, la defensa sostiene que no es suficiente que la misma entidad responsable del lugar investigue los hechos. Consideran que su doble rol como operador y garante de derechos genera un escenario que debe ser observado con mayor vigilancia por parte de otros órganos de control.

Por ello, además de la solicitud dirigida a la Procuraduría General, el abogado también indicó que se están recopilando elementos probatorios que permitan sustentar las acusaciones y avanzar en el proceso judicial. Parte del trabajo incluye el acompañamiento psicológico y social para los menores presuntamente afectados, tarea que, según la petición, debe ser liderada por equipos independientes que no pertenezcan al ICBF.

En el mismo documento, la familia reitera que su intención es proteger el bienestar de los niños implicados y evitar que una posible falla institucional quede sin esclarecerse. Además, buscan que se garanticen mecanismos idóneos para la reparación y el reconocimiento del daño en caso de comprobarse la ocurrencia de los hechos denunciados.

En el contexto de este proceso, se espera que la Procuraduría valore la solicitud y defina si asume directamente el conocimiento del procedimiento, como se ha pedido, o si designa a funcionarios especializados en infancia y adolescencia para acompañar el caso desde un enfoque externo e independiente.

Mientras tanto, la comunidad cercana al jardín infantil continúa pendiente de los avances del caso y de las decisiones que se tomen en las próximas semanas. La expectativa se centra en las determinaciones que adopten tanto los entes de control como la justicia ordinaria frente a las denuncias presentadas.