El conflicto armado se agudiza en algunas zonas del país, donde población históricamente vulnerada y afectada por la violencia en Colombia es nuevamente blanco de los grupos armados. En una rueda de prensa, el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Raúl Eduardo Sánchez Sánchez informó sobre la toma de medidas por parte del tribunal de paz, debido a recrudecimiento de la violencia en el norte del Cauca y en el sur de Valle del Cauca.
Según detalló, la persistencia de la crisis de seguridad es tal que amenaza con el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas y afrocolombianos que están acreditados para participar en el Caso 05, que se enfoca en investigar los hechos de violencias perpetrados en los departamentos.
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La situación se evidencia en 19 municipios: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca; y Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca.
Por eso, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP decretó medidas cautelares para salvaguardar a las comunidades indígenas y afrocolombianas. También determinó emitir más de 25 órdenes urgentes dirigidas a diferentes ministerios y entidades del Gobierno nacional, así como a instancias locales y territoriales.
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Estas disposiciones buscan activar mecanismos de protección con enfoque étnico, centrados en garantizar la supervivencia, la autonomía y la seguridad de las poblaciones afectadas, que, como víctimas, han puesto en conocimiento del tribunal de paz los hechos de violencia que están presentándose en los territorios.
Asesinatos, amenazas y reclutamiento
Durante una audiencia pública realizada en Popayán (Cauca) en septiembre de 2024, en el contexto del análisis de una medida cautelar, múltiples organizaciones y grupos de víctimas denunciaron estar siendo objeto de amenazas por parte de múltiples actores armados que distribuyen panfletos intimidantes por los territorios.
Aunado a ello, organizaciones criminales han asesinado a líderes indígenas y afrocolombianos y a integrantes de la guardia indígena y han sometido a la ciudadanía al confinamiento o al desplazamiento forzado. También se han presentado casos de reclutamiento forzado, de destrucción cultural, de enfrentamientos armados y de instalación de retenes ilegales. Además, se han identificado hechos de violencia que se centran directamente en las mujeres.
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Así las cosas, emitió las órdenes, que fueron concertadas en gran parte con autoridades indígenas y afrocolombianas a través de encuentros interculturales. El objetivo es ofrecer soluciones estructurales a las problemáticas advertidas y asegurar la vida y los derechos de las comunidades y sus organizaciones.
“La adopción de medidas cautelares se considera urgente e impostergable, pues la situación de inseguridad de las comunidades que habitan en los municipios es cada vez más crítica en los años de vigencia del Acuerdo Final de Paz”, precisó el magistrado Sánchez.
Algunas de las órdenes impartidas por la JEP
Entre las medidas que ordenó la JEP para hacer frente a la crítica situación, está la elaboración de un plan integral a cargo de 13 entidades estatales, dirigido específicamente al municipio de Guachené. Este documento debe incluir medidas concretas de seguridad y protección. Por otro lado, la Sala exigió a los Ministerios del Interior, de Justicia y de Igualdad la presentación de un proyecto de acto legislativo para regular la jurisdicción propia afrocolombiana, con el fin de asegurar su funcionamiento y acceso efectivo a la justicia.
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Asimismo, para evitar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) deberá impulsar planes de acción reforzados y fortalecer el programa “Atrapasueños”, que apunta al desarrollo integral de infancia y juventud con un enfoque cultural y territorial, integrando arte, deporte, ciencia y saberes ancestrales.
En el plano del desarrollo integral y la pervivencia cultural, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tiene la tarea de impulsar un sistema autónomo de información para la población afrocolombiana. Y, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debe priorizar la adjudicación y arriendo social de bienes rurales extintos para usos comunitarios y la entrega de una casa de paso destinada a estudiantes universitarios.
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