El activista Daniel Maldonado, que se ha hecho viral en las redes sociales por la manera en la que aborda a los miembros del Congreso de la República, causó revuelo por la manera en que increpó al senador conservador Miguel Ángel Barreto a su llegada al órgano legislativo y cuestionó que ejerza sus funciones portando un brazalete de vigilancia.
El congresista, primo del exgobernador del Tolima Óscar Barreto, debe acudir a la corporación con la medida electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la aparente comisión del delito de tráfico de influencias, al estar presuntamente implicado en el megacaso de corrupción de las Marionetas 2.0.
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“Me parece un poco el colmo que un senador como usted venga a trabajar con un brazalete de Inpec”, expresó Maldonado, que no dudó en increpar al congresista. El activista sostuvo que la situación resultaba contradictoria en un país atravesado por escándalos de corrupción y preguntó al implicado si lo mejor era dar un paso al costado.

En respuesta a los señalamientos, el legislador respondió que el proceso en su contra continúa en investigación y defendió su elección: Barreto negó haber cometido irregularidades como congresista y señaló que su caso aún no tiene una decisión de fondo. “Solamente es un proceso de investigación”, afirmó el senador conservador.
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Ante la pregunta de si se consideraba inocente, el señalado respondió de manera afirmativa, aunque su defensa generó opiniones divididas en las plataformas digitales, frente a la determinación que tomó la Corte Suprema de Justicia en su caso. “Soy inocente, claro que sí”, indicó Barreto, uno de los barones electorales en Tolima y Boyacá.
Miguel Ángel Barreto defendió su permanencia en el Congreso
En su defensa, el senador sostuvo que su asistencia al Capitolio se ajusta a las condiciones fijadas por la justicia. “Yo tengo que cumplir mis obligaciones como senador”, expresó durante el diálogo con Maldonado, en el que se registraron momentos tensos que alimentaron la controversia en las redes sociales en lo referente al caso.
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Frente al particular, Maldonado insistió en que la presencia de un congresista con un dispositivo de monitoreo electrónico podía afectar la confianza ciudadana. “¿No sería mejor retirarse mientras los procesos avanzan?”, preguntó el activista, que también señaló que, a su juicio, era “una falta de respeto” frente a los ciudadanos que votaron por él.
Barreto respondió que no incumple ninguna norma al continuar con su actividad legislativa. “Estoy cumpliendo mis obligaciones como la ley me lo permite. No estoy haciendo nada ilegal”, dijo el senador, que añadió que acatará las decisiones judiciales y buscará demostrar su inocencia en los estrados judiciales, pese a la decisión de la corte.
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“Me parece bien que uno debe cumplir todos los actos, trabajar en el Congreso, trabajar con responsabilidad. Un funcionario público está, como todas las personas, sometido a una investigación”, expresó en su defensa Barreto, que confía en revertir el proceso judicial en su contra, como parte del caso que involucra a exsenadores como Ciro Ramírez.
La investigación por el caso Las Marionetas 2.0
Según el expediente, la Corte Suprema de Justicia impuso a Barreto medidas no privativas de la libertad dentro de una investigación relacionada con el caso conocido como Las Marionetas 2.0. Entre las condiciones figura la vigilancia electrónica a cargo del Inpec, además de una caución y la prohibición de contactar a testigos.
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La Sala Especial de Instrucción investiga al legislador por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos. La hipótesis del proceso apunta a una eventual intervención irregular en contratos de entidades como el Departamento para la Prosperidad Social y Proyecta Quindío.
En los folios que tiene sobre este caso el alto tribunal, también se examinan presuntas maniobras para orientar contratos de obras e interventorías en Tolima y Quindío. En lo que concierne al caso, Barreto ha rechazado las acusaciones y sostuvo que acreditará su inocencia ante la justicia, pese a que también tiene en curso otro sonoro proceso.
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En efecto, el congresista de 48 años afronta otro proceso por presunto fraude procesal y falsedad en documento privado, vinculado con la supuesta omisión de una donación en la financiación de su campaña electoral de 2018 que lo llevó por primera vez al Senado de la República, como ficha clave del conservatismo en el Tolima, su tierra natal.
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