Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó reabrir una investigación por una presunta estafa de USD 400.000 contra la empresaria Esther Inés Porto Tobías, luego de determinar que la Fiscalía no podía archivar el expediente cuando ya existía un escrito de acusación.
La decisión, adoptada el 15 de octubre de 2026 por el Juzgado 48 Penal Municipal con función de control de garantías, favorece a la contratista Adriana Angulo Santana, quien denunció que entregó sus ahorros para un negocio de distribución de prendas que, según el proceso, nunca se concretó en los términos prometidos.
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El caso había quedado archivado el 22 de enero de 2020 por la entonces fiscal 160 seccional Beatriz Sierra Cruz.
Angulo cuestionó esa decisión porque, para ese momento, la investigación había superado las etapas de indagación e imputación y la Fiscalía ya había radicado el escrito de acusación contra Porto Tobías por el delito de estafa.
El juzgado concluyó que la Fiscalía no podía archivar un expediente ya acusado
De acuerdo con los detalles de la decisión judicial que reveló un informe del diario El Tiempo, el archivo de una actuación procede durante la fase inicial de indagación, antes de la audiencia de imputación.
Cuando existe una acusación formal, una eventual terminación del proceso debe tramitarse mediante una solicitud de preclusión ante un juez.
El despacho consideró que la fiscal Sierra Cruz utilizó un mecanismo que no correspondía a la etapa procesal del expediente.
Por esa razón, ordenó a la Fiscalía General de la Nación desarchivar la actuación.
El proceso podrá retomar el camino hacia un juicio o, si el ente acusador considera que no reúne los elementos suficientes para sostener la acusación, deberá pedir la preclusión ante un juez de la República. Esa autoridad podrá aceptar o rechazar la solicitud.
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La defensa de Angulo Santana advirtió que el expediente está próximo a prescribir: un negocio de ropa de marcas de Inditex
El abogado Pedro Aguilar, quien asumió la representación de la denunciante después del archivo, alegó que la decisión de 2020 desconoció el traslado del escrito de acusación que había ocurrido el 27 de julio de 2018.
Según los hechos jurídicos relevantes consignados en la acusación, Porto Tobías se acercó en septiembre de 2014 a la familia de Angulo Santana con una propuesta comercial relacionada con la redistribución mayorista de 434.000 prendas de Zara, Stradivarius y Massimo Dutti, marcas del grupo Inditex.
La denunciante debía aportar USD 400.000 y, de acuerdo con la oferta que habría recibido, obtendría una utilidad neta de USD 402.209 en cinco semanas.
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La operación habría dejado un retorno cercano a USD 800.000.
Dsde la Fiscalía se sostuvo en la acusación que la empresaria habría realizado afirmaciones falsas durante la negociación para inducir a la víctima a entregar el dinero.
Entre ellas, figuraba que la mercancía ya estaba disponible y que se comercializaba con empresas como TJ/Marshall.
El expediente también indica que Porto Tobías habría asegurado que una compañía reconocida respaldaría el reembolso si el negocio no se llevaba a cabo. La acusación cuestionó la existencia de esa relación contractual en la época de los hechos.
Un acuerdo de pago por USD 500.000 no se habría cumplido
Las partes participaron en julio de 2018 en una audiencia de conciliación de perjuicios ante la Fiscalía.
Allí, según el informe del mismo medio, acordaron un pago de USD 500.000 a favor de Adriana Angulo Santana, dividido en varios desembolsos previstos entre septiembre y noviembre de ese año y enero de 2019.
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El acuerdo establecía que, si existía incumplimiento, se judicializarían de inmediato el escrito de acusación y el acta de traslado de la acusación. La denunciante sostiene que no recibió los pagos pactados.
Angulo afirmó que conoce otros posibles casos con características similares, aunque esa versión requerirá ser establecida dentro de las actuaciones que adelante la Fiscalía.
Sumado a lo anterior, ella expresó que las consecuencias del presunto fraude afectaron su situación económica, su salud y la de su hija.
La fiscal justificó el archivo en la falta de garantías documentales
En la orden de archivo anulada, la fiscal Beatriz Sierra Cruz consideró que Angulo Santana entregó el dinero con base en documentos que, a su juicio, no ofrecían suficientes garantías.
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La funcionaria sustentó que la denunciante debió exigir soportes adicionales, como letras, cheques o documentos con reconocimiento notarial.
Adicional a lo anterior, la fiscal concluyó entonces que el ente investigador no había sido creada para el cobro de deudas. Sin embargo, el juez de garantías no analizó de fondo la responsabilidad penal de Porto Tobías, sino la validez de la decisión de archivar el expediente cuando ya se encontraba en fase de acusación.
El informe también señala que, durante el trámite del proceso, Porto Tobías registró una residencia en Miami, Estados Unidos, en un exclusivo sector donde habría pasado desapercibida entre la alta sociedad.
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El inmueble, que se vendió en agosto llegó a valer USD 4 millones, es decir más de 12.000 millones de pesos colombianos, situado en una zona de lujo conocida como Indian Creek
La reactivación del caso obliga ahora a la Fiscalía a definir si avanza hacia el juicio por la presunta estafa o si presenta una solicitud de preclusión ante un juez competente.
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