El incremento del reclutamiento de jóvenes por bandas criminales en el Magdalena genera preocupación: los enganchas con promesas de jugosos salarios

Organizaciones defensoras de derechos humanos han encendido las alarmas ante el crecimiento del reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte de estructuras criminales que operan en el departamento del Magdalena, particularmente en el área de influencia de Santa Marta, Ciénaga y la Zona Bananera.

Los grupos señalados son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, actores armados ilegales que mantienen una disputa por el control territorial y las rentas criminales en esta región del Caribe colombiano. En medio de ese conflicto, jóvenes entre los 13 y 22 años estarían siendo incorporados a la fuerza o convencidos mediante promesas de pago para participar en actividades delictivas.

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Según información recopilada por la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, al menos 13 casos recientes han sido reportados en los que se ha identificado este tipo de prácticas. Los testimonios indican que los jóvenes, en su mayoría provenientes de zonas periféricas y en condiciones de alta vulnerabilidad social, son contactados con promesas de sueldos que oscilan entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos colombianos.

El fenómeno se estaría presentando especialmente en barrios marginados donde el acceso a educación, empleo y otras oportunidades es limitado. Algunos de los jóvenes involucrados estarían desescolarizados y enfrentarían dificultades económicas en sus hogares, lo que los hace más susceptibles a las propuestas de los grupos armados.

Una vez son reclutados, los jóvenes serían trasladados a campamentos donde reciben entrenamiento durante aproximadamente un mes. Solo después de completar esta fase, se les permitiría retomar contacto con sus familias. Esta modalidad, según han señalado actores humanitarios, plantea riesgos significativos tanto para la integridad física como para el futuro de los menores involucrados.

Ante esta situación, se ha solicitado una respuesta más decidida por parte de las autoridades locales. En particular, se ha instado al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, a implementar medidas efectivas dentro del plan integral de seguridad y convivencia. La expectativa es que, más allá de campañas pedagógicas, se adopten estrategias que contribuyan a reducir la deserción escolar y a ofrecer alternativas económicas que disminuyan la presión que empuja a los jóvenes hacia estos entornos ilegales.

La preocupación ha crecido debido a que el fenómeno parece estar intensificándose en el marco de la confrontación entre las estructuras armadas ilegales presentes en la región. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el incremento en los casos de reclutamiento juvenil representa un desafío urgente que requiere articulación entre el gobierno local, los entes nacionales y la sociedad civil.

Incremento del 1.000% en reclutamiento de menores en los últimos cuatro años en Colombia

En un texto para Foreign Affairs, Elizabeth Dickinson retrató el crudo panorama que se vive en varias regiones. afectadas singularmente por la violencia.

Desde la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016, el panorama del conflicto armado colombiano ha cambiado.

Si bien ese grupo guerrillero se desmovilizó,surgieron nuevas estructuras armadas sin una agenda política clara, cuyo objetivo principal es el control territorial para gestionar economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas.

En este nuevo escenario, el reclutamiento de menores se ha convertido en una estrategia clave para sostener su presencia en distintos territorios del país.

Según cifras oficiales, el número de niños y adolescentes reclutados entre 2021 y 2024 pasó de 36 a más de 450 casos reportados, lo que representa un incremento cercano al 1.000%.

No obstante, autoridades y organizaciones locales coinciden en que el subregistro es considerable, ya que muchas familias no denuncian por temor a represalias.

Datos recientes evidencian el impacto directo en menores: en enero de este año, de los 112 miembros del Frente 33 que se entregaron en la frontera con Venezuela, veinte eran menores de edad.

Ese mismo mes, un enfrentamiento entre dos grupos armados en Guaviare dejó cerca de 24 muertos, un tercio de los cuales eran menores.

convertido en uno de los principales focos del problema.

Por sus condiciones geográficas y económicas —con alta presencia de cultivos ilícitos, rutas del narcotráfico y minería ilegal—, el Cauca concentra tres cuartas partes de los casos de reclutamiento registrados el último año.

Allí, los reclutadores utilizan diversas tácticas que van desde el engaño hasta el secuestro directo. Una vez captados, los menores son trasladados a regiones lejanas como el Amazonas, Guaviare o Arauca, donde son incorporados a las filas de grupos ilegales.