En una contundente operación contra el narcotráfico, la Armada Nacional de Colombia localizó y destruyó ocho laboratorios clandestinos para el procesamiento de pasta base de coca en el departamento del Chocó.
Estas instalaciones, presuntamente pertenecientes a la subestructura Baudó del Clan del Golfo, se encontraban en las zonas rurales de Arenal y Quebrada Donasi, sobre el río Curundú, en los municipios de Bajo y Medio Baudó.
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Según informó el mayor del Cuerpo de Infantería de Marina Oscar Leonardo Bolívar Cruz, comandante del Batallón Fluvial No. 22, las tropas incursionaron en la zona como parte de las operaciones continuas contra las economías ilícitas en esta región del Pacífico colombiano, afectada históricamente por la presencia de grupos armados ilegales.
“La destrucción de estas infraestructuras rompe la cadena de producción y comercialización de alcaloides en el mercado criminal internacional, evitando así que estos grupos ilegales financien sus acciones delincuenciales en esta región del país”, declaró el Mayor Bolívar Cruz.
Más de dos toneladas de insumos y base de coca incautadas
Durante el operativo, las autoridades hallaron dentro de los laboratorios 2.724 galones de insumos líquidos, 670 kilogramos de insumos sólidos, 446 galones de base de coca ya procesada y 830 kilogramos de hoja de coca. Asimismo, fue incautado diverso material utilizado para el almacenamiento y la producción de estupefacientes.
Todo este material fue destruido de manera controlada en el lugar, cumpliendo con los protocolos ambientales y de seguridad establecidos. La eliminación de estas estructuras ilegales representa un golpe significativo a las finanzas del Clan del Golfo, grupo armado organizado (GAO) cuya principal fuente de ingresos es el narcotráfico.
Miembros del Clan del Golfo se entregaron a la justicia
Paralelamente a la operación de erradicación, se registraron importantes desmovilizaciones de miembros del Clan del Golfo. Cuatro personas pertenecientes a distintas subestructuras de este grupo ilegal decidieron entregarse voluntariamente a las Fuerzas Militares y someterse a la justicia, como parte del avance del Plan de Campaña Ayacucho Plus liderado por el Ejército Nacional.
Uno de los casos más relevantes fue el de alias Mechas, presunto integrante de la subestructura Leónidas de la Rosa Vásquez, adscrita a la estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo del Clan del Golfo. Según las autoridades, este sujeto llevaba aproximadamente ocho años dentro de la organización y habría fungido como cabecilla de zona, con injerencia en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó.
Entre sus funciones estaban el control de rutas del narcotráfico, economías ilegales como la minería criminal, la organización logística y armada del grupo, así como el reclutamiento forzado y el constreñimiento a la población civil.
En otro hecho, dos sujetos identificados como integrantes de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva se entregaron voluntariamente en zona rural del municipio de Riosucio. Al parecer, hacían parte del componente criminal focalizado, encargados de labores de inteligencia delictiva.
Además, en la vereda La Borrera del municipio de Nóvita, un hombre que se identificó como miembro de la subestructura John Fredy Orejuela se presentó ante las tropas de la Décima Quinta Brigada. El desertor entregó un fusil, cinco proveedores, munición calibre 5,56 mm y material de comunicaciones.
Recuperación de un menor reclutado forzosamente
Durante estos procedimientos también fue recuperado un menor de edad en el municipio de Riosucio, que llevaba aproximadamente un año vinculado forzosamente a las filas del grupo armado ilegal.
El niño fue puesto bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad encargada de activar la ruta de atención psicosocial y garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.
Este operativo se llevó a cabo como parte de la estrategia integral del Gobierno nacional y las Fuerzas Militares para debilitar las economías criminales. Las autoridades reafirmaron su compromiso con promover la seguridad territorial y facilitar procesos de sometimiento a la justicia por parte de integrantes de estructuras armadas al margen de la ley.
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