
Durante una entrevista en Blu Radio, la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reveló detalles sobre las tensiones que surgieron dentro del Gobierno en torno al manejo de cargos estratégicos en su cartera.
Según lo relatado, recibió presiones por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, para que solicitara la renuncia del entonces director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Ludwing Joel Valero.
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De acuerdo con su testimonio, fue Rodríguez quien primero la contactó para que iniciara el proceso de remoción de Valero. Sin embargo, Buitrago se negó a hacerlo, argumentando que el funcionario había demostrado un buen desempeño.
“Angie Rodríguez me llama y me dice: ‘Pídale la renuncia al Uspec’. Yo le digo: ‘No le voy a pedir la renuncia porque es una persona muy competente y es una persona que viene trabajando bien’”, afirmó la exministra.

Luego de esa negativa, señaló que recibió una llamada de Armando Benedetti, quien insistió en la solicitud. “Me llama inmediatamente Armando Benedetti y me dice:
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‘¿Por qué no has firmado la renuncia del director? Es de Pinto’”, aseguró Buitrago, haciendo alusión al senador Miguel Ángel Pinto, quien participó en la votación que llevó al archivo de la reforma laboral en el Congreso.
La exjefe de la cartera de Justicia indicó que la intención de separar del cargo a Valero no tenía fundamentos técnicos o administrativos, sino que respondía a motivaciones políticas asociadas a la actuación del congresista Pinto.

“Ahí es donde efectivamente el 11 de abril a él (Valero) le piden la renuncia, porque yo le digo, mire, yo no soy el nominador, el nominador es el presidente, yo no puedo aceptar una renuncia que no es nominación mía. Pero además no me parece justo con una persona que se haga de esa manera por cobrarle lo que hizo otra”, explicó.
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Buitrago señaló que la solicitud no fue gestionada por ella, lo que llevó a que otras instancias del Gobierno la ejecutaran directamente. De acuerdo con sus declaraciones, es probable que la directora del Dapre haya sido quien finalmente tramitó la salida de Valero, lo que, en su criterio, ocurrió sin su consentimiento ni participación.
Además de este episodio, la exministra explicó que hubo una acumulación de situaciones similares desde marzo, las cuales incluyeron imposiciones sobre nombramientos de funcionarios en su cartera. En sus palabras, estas acciones representaban una afectación a la autonomía del Ministerio. Afirmó que mientras se encontraba en una visita a Washington, se enteró de que un delegado suyo había sido reemplazado sin previo aviso.
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Pese a estas circunstancias, Ángela María Buitrago aclaró que su salida del cargo no se dio por diferencias personales con el presidente Gustavo Petro. Indicó que la relación con el jefe de Estado sigue siendo cordial, y que su renuncia respondió a una serie de hechos que, en su interpretación, vulneraban el respeto institucional. “Mira, yo no salí en malos términos. Es más, cuando él se sube al avión dice que no haya rencores. No, no hay rencores. Lo que hay es claridad de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Cuando él me tomó a mí el juramento, me dijo: ‘Jura cumplir la constitución y la ley’. Eso es lo que estoy haciendo”, declaró.
Respecto a los tiempos de su renuncia, indicó que presentó su carta de manera irrevocable el 14 de mayo, antes de que el mandatario hiciera público su retiro desde un viaje en China. “Yo presenté renuncia irrevocable. El presidente habló dos días después… Yo no hablé con él ni con Alfonso Jaramillo. Nunca me pidieron la renuncia”, puntualizó.
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También cuestionó por qué, si ya existían diferencias desde febrero, no se aceptó su dimisión en ese momento. En su concepto, estas discrepancias se venían acumulando desde semanas atrás y reflejaban una tensión sostenida entre las decisiones técnicas del Ministerio y las solicitudes externas sobre los nombramientos.
La renuncia de Buitrago se oficializó en medio de un ambiente marcado por los cambios de funcionarios en entidades clave del Gobierno. Aunque no hubo pronunciamientos oficiales posteriores a su declaración, las revelaciones ofrecidas plantean interrogantes sobre la incidencia de factores políticos en la administración de la justicia y en la asignación de cargos dentro del Ejecutivo.
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