El 29 de mayo de 2025, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dio unas declaraciones que generaron controversia. Durante el cabildo abierto en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, aseguró que una de las actividades de la jornada de protesta incluía el bloqueo del sistema de transporte masivo TransMilenio, lo que afectó significativamente la rutina diaria de los capitalinos.
“Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado exactamente de las apreciaciones que diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas”, afirmó Arias.
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La controversia se intensificó cuando el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió en defensa de Arias, lo que generó un nuevo enfrentamiento entre la administración distrital y el Gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro.
A raíz de estos hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que presentará una denuncia contra el presidente de la CUT, por haber admitido públicamente su participación en la promoción de bloqueos en el sistema de transporte TransMilenio durante las protestas.
El mandatario local insistió en que la administración de Bogotá tiene la responsabilidad de proteger los derechos de todos los habitantes, tanto de quienes participan en las manifestaciones como de quienes no lo hacen.
A su vez, Galán subrayó la necesidad de que el ministro del Trabajo y el Gobierno nacional aclare su posición respecto a los bloqueos prolongados en el transporte público.
“Si el Gobierno está de acuerdo con bloqueos que duran hasta 8 horas, estamos en dificultades para garantizar los derechos de la población que no está manifestándose”, dijo en entrevista con Semana.
Y agregó: “Que nos diga de frente ¿El Gobierno está de acuerdo con eso? Que nos lo digan claramente para saber en qué terreno nos estamos moviendo“.
El mandatario capitalino recalcó que la protesta social es un derecho que su administración respeta, pero advirtió que existen límites que no deben sobrepasarse, especialmente cuando las acciones de los manifestantes afectan de manera desproporcionada a la ciudad. “No puede ser que para una convocatoria en la Plaza de Bolívar, se afecte hasta 10 puntos de Bogotá”, precisó Galán.
El alcalde también hizo hincapié en la importancia de que la justicia se pronuncie sobre la legitimidad de impedir la movilidad de millones de personas a través de bloqueos en el transporte público. Según Galán, resulta fundamental que el Gobierno y las autoridades judiciales definan si estas acciones se consideran legítimas dentro del marco de la protesta social, ya que de ello depende la capacidad de la administración distrital para garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
En su intervención, Galán reiteró que la administración de Bogotá mantendrá una postura de respeto hacia la protesta, pero advirtió que no permitirá que se vulneren los derechos de quienes no participan en las manifestaciones. El alcalde insistió en que la protesta debe tener límites y que no puede justificarse la afectación masiva de la movilidad y el acceso a servicios esenciales bajo el argumento de la manifestación social.
“Eso no puede ocurrir, nosotros siempre seremos respetuosos de la protesta, pero esta tiene un límite porque no puede ser desproporcionada. (...) No puede ser que para una convocatoria en la Plaza de Bolívar, se afecte hasta 10 puntos de Bogotá”, comentó al medio citado.
A renglón seguido, sostuvo que durante la jornada de marchas del 28 y 29 de mayo el 3 % de las citas médicas que estaban programas no se cumplieron gracias a los bloqueos promovidos por las centrales obreras.
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