Son muchas las críticas y advertencias que han surgido tras la expedición de un decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que autoriza al Gobierno nacional a hacer un cobro anticipado de la retención en la fuente. El recaudo que deberían asumir los contribuyentes en 2026 tendrán que pagarlo en 2025.
La decisión del Gobierno tiene como objetivo subsanar los problemas fiscales que afronta actualmente, por los cuales ha tenido que hacer recortes y aplazamientos presupuestales. No obstante, resultaría perjudicial para algunos sectores que ya están seriamente afectados por la situación económica del país.
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Por ejemplo, en el documento en cuestión se hacen aumentos en el cobro de la retención en la fuente para el sector de la salud:
- Actividades de hospitales y clínicas con internación: 3,50%
- Actividades de apoyo diagnóstico: 3,50%
- Actividades de atención residencial para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas: 3,50%
La postura de rechazo de Acemi
La presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, expresó su preocupación por el golpe que sufrirá el sector en sus finanzas. A través de su cuenta de X, advirtió que el empeoramiento de la situación económica terminará perjudicando a los pacientes.
La ciudadanía ya enfrenta fallas del sistema de salud, que el Gobierno nacional ha intentado subsanar con un proyecto que se hundió en el Senado y que nuevamente cursa en el Congreso. Mientras tanto, los usuarios se quejan de los obstáculos que hay para acceder a citas médicas, exámenes, procedimientos y medicamentos, cada vez más escasos.
“Como si le faltaran problemas al sector salud, el aumento de tarifas de Rte fte agudizará la situación financiera de prestadores y proveedores. Al final quien pagará la cuenta de la asfixiante carga fiscal serán los pacientes, que hoy ya padecen por falta de atención”, escribió la funcionaria en la red social.
Asimismo, en el foro de la Industria Farmacéutica de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), Vesga aseguró que el sistema de salud enfrenta una compleja situación de liquidez que ha perdurado durante meses. Hay millonarias deudas y demoras en los pagos a los diferentes prestadores y proveedores. Afirmó que el panorama es crítico.
Insistió en que, con la entrada en vigencia del decreto del Ministerio de Hacienda, los problemas empeorarán y los pacientes experimentarán más barreras para acceder a la atención en salud.
El vocero de pacientes de alto costo, Néstor Álvarez, indicó, por su parte, que los ministros del Gobierno parecieran no estar comunicándose para la toma de decisiones. A su juicio, las afectaciones de este tipo deberían discutirse entre carteras para tener un manejo más acertado de la situación.
“Consideramos que demuestra que es un gobierno que no se habla entre ministerios, que cada uno resuelve lo de su ministerio sin tener en cuenta cómo afecta a otro. Y en este momento una retención de la fuente adelantada para ciertos actores del sistema de salud, donde hay desfinanciamiento, donde no hay pago, pues va a repercutir indiscutible una vez más en menos calidad de atención, en menos atención”, precisó.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó ante varios medios de comunicación que lo reglamentado por el Ministerio de Hacienda puede someterse a una evaluación y corrección, teniendo en cuenta las alertas en el sector de la salud.
“Este Gobierno siempre está presto a revisar la situación que, de pronto, pueda ser desfavorable, no solamente para el buen desarrollo de la actividad económica, sino muy especialmente si eso atenta contra la salud y la atención que debe recibir cada uno de los pacientes en Colombia”, dijo.
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