Duque y Petro no frenaron la coca: así se dispararon los cultivos ilícitos en los últimos años

Mientras las discusiones políticas se concentran en el enfoque de seguridad y las prioridades del gasto público, un fenómeno crece sin freno en las regiones más afectadas por el conflicto armado, el aumento sostenido de los cultivos ilícitos de coca. Según un informe publicado por el centro de estudios económicos Anif, Colombia cerró 2023 con una cifra alarmante: 252.572 hectáreas cultivadas, lo que representa una expansión significativa de la producción potencial de cocaína, la cual creció un 53% respecto al año anterior.

El reporte no solo ofrece una radiografía de las hectáreas sembradas, también apunta a los vacíos estructurales en la política pública que han permitido este repunte. “Pese a esto, las cifras más recientes evidencian que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes”, concluyó el documento, que advierte sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales de continuar por el mismo camino. “Resulta urgente un cambio de rumbo en la política pública, pues persistir en enfoques ineficientes podría seguir generando elevados costos sociales, económicos y ambientales”, remató el análisis.

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Uno de los ejes del informe es el contraste entre las estrategias de los últimos dos gobiernos. Bajo la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022), se mantuvo vigente el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), pero su aplicación fue limitada, lo que, según Anif, minó la credibilidad del Estado en las comunidades rurales. En lugar de priorizar el desarrollo alternativo, el énfasis se trasladó a acciones punitivas, judicialización, erradicación forzada y mayor presencia de la fuerza pública en los principales enclaves del narcotráfico, estrategia que no logró frenar el crecimiento de las siembras ilegales. “Aunque el Pnis se mantuvo vigente, su implementación fue limitada, lo que deterioró la confianza de las comunidades y redujo el alcance de los programas de sustitución”, señaló el informe.

Paradójicamente, incluso durante los años en los que se alcanzaron máximos históricos en erradicación manual, como en 2020, los resultados no contuvieron la expansión. Anif documentó que desde 2017 el número de hectáreas cultivadas aumentó de forma sostenida, llegando a superar las 200.000 en 2021, antes de alcanzar el récord actual.

El mapa de la coca en Colombia tiene tres focos centrales, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, que juntos concentran el 63% de los cultivos registrados en el país el año pasado. Nariño lidera con 64.944 hectáreas, seguido por Putumayo con 50.343 y Norte de Santander con 43.867. Este patrón territorial revela también un fenómeno más complejo, la recomposición del narcotráfico después del Acuerdo de Paz de 2016.

Anif reconoció que el acuerdo abrió una ventana para la sustitución voluntaria, pero su débil aplicación permitió que las estructuras criminales se adaptaran y que los conflictos en zonas cocaleras se intensificaran. En este contexto, la llegada del presidente Gustavo Petro significó un cambio discursivo y metodológico, se abandonó el enfoque exclusivamente punitivo y se intentó promover una estrategia más integral, con participación de comunidades y mayor atención al desarrollo rural. Sin embargo, el centro de estudios sostuvo que ese nuevo enfoque quedó atrapado en las mismas falencias históricas del Estado colombiano, falta de asistencia técnica, incumplimiento de compromisos y la presión armada sobre los campesinos.

Según el informe, “aunque el presidente Petro dio un enfoque conceptual más integral, desligándose del panorama punitivo tradicional, la estrategia estuvo limitada por la falta de cumplimiento de los compromisos estatales, la falta de asistencia técnica y la presión violenta de actores armados”. El resultado, hasta ahora, ha sido la continuidad de una tendencia alcista que preocupa no solo en términos nacionales, también internacionales.

Y es que los riesgos de este panorama no se limitan a la seguridad interna o al impacto ambiental. Anif advirtió que de mantenerse esta dinámica, Colombia podría perder la certificación anual en la lucha contra las drogas que otorga el gobierno de Estados Unidos, una decisión que tendría repercusiones políticas y económicas. Según el centro de estudios, dicha descertificación no solo podría agravar la imagen del país en términos de seguridad, también afectar el flujo de inversión extranjera directa.