
El 28 y 29 de mayo de 2025 tendrá lugar en Colombia un paro nacional por el hundimiento de la consulta popular del Gobierno del presidente Gustavo Petro y en favor de las reformas sociales oficialistas. Las movilizaciones fueron motivadas por las decisiones que ha tomado el Congreso de la República en contra de las iniciativas del Gobierno, entre ellas, la reforma laboral.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), miembros de la población indígena, integrantes del Pacto Histórico, entre otros, anunciaron su participación en las marchas. El paro se llevará a cabo en decenas de municipios y ciudades del país, entre ellas Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá.
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En consecuencia, 70 secretarios y secretarias de Educación enviaron una carta al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín; a la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Gloria Carrasco; y al viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, solicitando una reunión prioritaria. El encuentro sería para abordar ajustes al calendario académico derivados de las movilizaciones sociales.

Los funcionarios buscan analizar los efectos de las marchas del 28 y 29 de mayo, así como los de las manifestaciones de los siguientes años lectivos en todo el país. Según indicaron, es necesario tener un plan de organización, con criterios comunes que faciliten la toma de decisiones en estos escenarios, incluyendo las posturas de la Nación y de las entidades territoriales certificadas.
“Dada la afectación que estas jornadas generan en la continuidad de las actividades escolares, programas complementarios como el PAE y considerando la responsabilidad compartida en la garantía del derecho a la educación, estimamos necesario contar con lineamientos claros y oportunos por parte del Ministerio, en su calidad de órgano rector del sector educativo”, precisaron en la misiva.

La reunión será clave para garantizar la calidad, equidad, eficiencia y corresponsabilidad institucional en la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes universitarios. Se requiere de una estrategia de manejo clara y de un plan de contingencia que se adapte a las diferentes situaciones que se puedan presentar en los territorios.
“En virtud del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), en cualquier ponderación de derechos debe primar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, lo cual refuerza la necesidad de adoptar decisiones que garanticen su derecho a la educación de manera oportuna, permanente y continua”, se lee en el documento.

Bogotá mantendrá sus clases en colegios públicos
Mientras el Gobierno nacional y distintas organizaciones se preparan para las marchas del 28 y 29 de mayo, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, explicó cómo se desarrollará la jornada escolar en los colegios públicos de la ciudad. Según detalló, durante las manifestaciones se garantizará la normalidad académica en todas las instituciones.
“La buena noticia en Bogotá es que, a pesar de las jornadas programadas para este 28 y 29 de mayo, o sea, mañana y pasado, los estudiantes de los colegios públicos tendrán clases en todas las instituciones educativas. Tendremos normalidad académica”, aseguró.
Segovia hizo énfasis en la importancia de mantener la continuidad escolar para proteger el tiempo destinado a las actividades educativas y evitar interrupciones en los procesos de aprendizaje. Además, en un comunicado destacó como un aspecto positivo el esfuerzo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) por conciliar el derecho a la protesta con la garantía del tiempo escolar para estudiantes y sus familias.
“La garantía del derecho a la educación de las niñas, los niños y los jóvenes es prioridad para el Distrito y todos los actores del sistema educativo”, enfatizó Segovia.
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