En la tarde del martes 27 de mayo de 2025, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma al sistema penal acusatorio del país, tras el último debate en plenaria.
La propuesta, promovida por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia, busca simplificar y agilizar los procesos judiciales, además de fortalecer la protección de los derechos de las víctimas.
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En la sesión, acompañada por representantes de las principales instituciones judiciales, se definieron los ajustes finales para que el texto avance hacia la firma presidencial.
La iniciativa contó con 96 votos a favor y no registró votos en contra, aunque varios congresistas optaron por no participar en la votación. Dichos representantes indicaron que, debido a investigaciones en curso en la Corte Suprema en su contra, prefirieron abstenerse para preservar la transparencia.
Con esta aprobación por unanimidad, el proyecto queda listo para que el presidente Gustavo Petro lo sancione para que entre en vigencia.
Durante la última sesión, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, Myriam Ávila Roldán, destacó que el proyecto propuesto beneficiará y potenciará la administración de justicia. A su vez, el presidente de la Corte Octavio Augusto Tejeiro Duque enfatizó su importancia para el país, al señalar que acercará la justicia al ciudadano, acelerará los tiempos judiciales y fortalecerá el sentido de justicia.
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¿Qué plantea la recién aprobrada reforma a la Justicia?
La reforma a la Justicia propuesta se presenta como una respuesta a las deficiencias históricas del sistema judicial del país, que en 2022 solo logró reparar económicamente solo al 35% de las víctimas de delitos. Con esta reforma, el objetivo es incrementar esta cifra a un 70%, mediante la implementación de la indemnización integral para las víctimas.
El articulado incluye la indemnización integral a las víctimas, que busca que los delitos relacionados con homicidios culposos o lesiones personales puedan ser reparados de manera más efectiva, con la posibilidad de que el agresor asuma directamente los daños causados.
Si no se llega a un acuerdo, el fiscal podrá establecer una caución para garantizar la reparación. Esta estrategia está orientada a priorizar la restitución de bienes a las víctimas y a agilizar los tiempos de los procesos judiciales.
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Otra de las propuestas más significativas es la justicia premial y el fortalecimiento del principio de oportunidad. Con ello, se ampliarán los beneficios de rebaja de pena para aquellos que colaboren en el esclarecimiento de los hechos, admitiendo su responsabilidad.
Además, se potenciará el principio de oportunidad, lo que permitirá resolver ciertos casos sin necesidad de abrir un proceso penal formal, favoreciendo una resolución anticipada.
La reforma también incorpora cambios en los procedimientos de pruebas anticipadas y colaboración eficaz. Se plantea modificar el artículo 284 de la Ley 906 de 2004 para que la persecución penal pueda suspenderse si el investigado coopera de manera efectiva. Esto tiene como fin reducir los tiempos del proceso judicial, permitiendo una resolución más rápida de los casos a través de la colaboración de los involucrados.
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Asimismo, se proponen ajustes en las funciones del juez de control de garantías. Según la reforma, las apelaciones que involucran casos asociados a la Corte Suprema de Justicia deberán ser revisadas por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá cuando el juez de control de garantías sea el encargado del caso.
En términos de impacto, la reforma judicial busca abordar la congestión judicial, un problema crítico que afectó al sistema colombiano en 2023, con más de 1,2 millones de casos sin resolución, según el Consejo Superior de la Judicatura. Con la implementación de estas medidas, se espera reducir la congestión en al menos un 30% durante los próximos cinco años.
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