Millonarias pérdidas afectan al Valle del Cauca por contrabando de cigarrillos: una amenaza para la economía regional

Las pérdidas causadas por el contrabando de cigarrillos en el departamento de Valle del Cauca durante 2024 ascienden a cifras alarmantes, según un estudio realizado por la firma Invamer.

Este fenómeno impacta las finanzas públicas y también tiene vínculos preocupantes con el crimen organizado y amenaza aspectos clave de la seguridad y la salud pública.

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“El contrabando y el crimen organizado están ampliamente relacionados, en tanto el comercio ilícito es la forma de monetización de las ganancias de las economías criminales”, afirmó Martín Orozco, gerente general de Invamer, en declaraciones al diario El País de Cali.

El análisis estima que la región dejó de percibir 111.036 millones de pesos en ingresos tributarios como resultado del contrabando, afectando en gran medida a los municipios que dependen de estos recursos generados por la venta legal de cigarrillos. A nivel nacional, el impacto es todavía mayor: en los últimos cinco años, Colombia ha perdido alrededor de 4,4 billones de pesos debido al comercio ilícito de este producto. La incidencia del contrabando de cigarrillos en el país alcanzó un preocupante 36% en 2024, la cifra más alta desde 2013, según detalló Invamer.

Los cigarrillos ilegales que ingresan a Colombia provienen principalmente de una lista diversa de países como Uruguay (10,1%), Estados Unidos (8,5%), Corea del Sur (4,9%), Paraguay (2,7%), Emiratos Árabes Unidos (2,6%) y China (1,9%). Este comercio ilícito es impulsado en parte por la disparidad de precios entre los productos legales e ilegales. Mientras que una cajetilla de cigarrillos ilícita cuesta en promedio 4.656 pesos, una adquirida legalmente puede llegar a 10.425 pesos, según el estudio.

Los operativos contra el contrabando en el Valle del Cauca se han intensificado recientemente. En un procedimiento destacado, realizado en una vía del barrio Brisar de Limonar, las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba 16.000 unidades de cigarrillos ilegales. Estos esfuerzos forman parte de una estrategia más amplia para combatir el comercio ilícito, liderada por las fuerzas policiales y las entidades aduaneras locales.

A pesar de estos operativos, Martín Orozco señaló al medio que las redes criminales detrás del contrabando de cigarrillos han evolucionado en los últimos años al adoptar estrategias similares a las utilizadas por el narcotráfico. Según explicó, “Las redes criminales y el narcotráfico se han sofisticado ampliamente al punto que han trasladado su experticia al contrabando de cigarrillos y hoy los dos negocios comparten modelos similares: diversificación del riesgo, más corrupción o violencia, minimización de inventarios y rutas únicas y estables para contrabando y narcotráfico”.

Aunque los esfuerzos para incautar productos ilícitos y rastrear las rutas de contrabando han aumentado, el estudio sugiere que también se necesitan medidas estructurales para abordar el problema de manera integral.

“Colombia ha perdido cerca de 4,4 billones de pesos en los últimos cinco años por cuenta del comercio ilícito de cigarrillos, por lo que además de intensificar los controles, se deben pensar en medidas estructurales para frenar este fenómeno”, destacó nuevamente Orozco.

Entre las medidas propuestas se encuentra evitar incrementos abruptos y no técnicos en la brecha de precios entre los cigarrillos legales e ilegales, ya que esto puede trasladar el consumo hacia el mercado ilícito, dejando como únicos beneficiados a los contrabandistas. Se advierte, además, sobre el impacto colateral que el contrabando de cigarrillos tiene en la seguridad nacional debido a su conexión con otros delitos como el narcotráfico y la corrupción.

El contrabando no solo afecta las arcas públicas, sino que pone en riesgo la salud de los consumidores. Los productos ilegales no cumplen con los controles sanitarios ni los estándares legales, lo que podría aumentar los riesgos para la salud de quienes los consumen.

Esta problemática, por tanto, requiere estrategias inmediatas y de largo alcance, involucrando a las autoridades locales, nacionales e internacionales en la implementación de soluciones efectivas.