El Gobierno nacional sigue a la espera de que la Corte Constitucional tome una decisión con respecto a la tutela de la senadora de la República por el Centro Democrático Paloma Valencia, que cuestionó la legitimidad de la discusión en la que se aprobó la reforma pensional.
La querella impuesta por la congresista recibió el respaldo del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, opositor del Gobierno Petro, que solicitó al alto tribunal considerar la solicitud.
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Según el ex alto funcionario, la norma tiene problemas serios en su concepción. “Esta reforma pensional le va a costar al país $54 billones adicionales en el peor momento. ¿Quién va a pagar esto? Tristemente, será la juventud”, indicó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.
Insistió en que “la juventud tendrá que pagar ese monto con nuevas reformas tributarias, casi cuatro reformas tributarias adicionales o lo tendrá que pagar con un aumento en la edad para pensionarse o lo tendrá que pagar con aumento en aportes o en el ingreso base de liquidación (IBL)”.
Con respecto a las críticas del exministro, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para acusar a Restrepo de no preocuparse por la población de la tercera edad que se verá beneficiada con la reforma.
De igual manera, sostuvo que Restrepo prefiere apoyar los ataques de Israel a la Franja de Gaza en vez de impulsar la reforma pensional de su administración que, a su juicio, busca mejorar el sistema actual.
“Pide que la Corte no le dé pensión a la gente colombiana, ni bono pensional a todos los ancianos y ancianas que hoy hay sin pensión; pero para apoyar un genocidio, fue el primero”, escribió Petro en su cuenta de X.
El gobernante de los colombianos también aseguró que sería un duro golpe para los habitantes de la tercera edad del país si la Corte Constitucional invalida la reforma pensional.
“Sería de una tristeza infinita que millones de viejos y de viejas, nuestros padres, madres, y abuelos y abuelas, no pudieran acceder a un bono pensional, solo por una posición cada vez más ideológica. Es como decir que el Estado Social de Derecho no es posible y no es posible la justicia social en Colombia. Claro que Colombia será un país de Justicia Social, porque no hay otro camino para la paz”, señaló.
Mientras se define el futuro de la reforma pensional, el Gobierno Petro dio a conocer dos borradores de decreto con el propósito de avanzar en la reglamentación de la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”.
Las normativas abordan, principalmente, el funcionamiento de las administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai) y el destino de los ahorros acumulados para la etapa de retiro de los trabajadores. Ambos documentos estarán abiertos a consultas públicas hasta el 5 de junio de 2025, por medio de las plataformas oficiales de la cartera y de la Unidad de Regulación Financiera (URF).
El primer borrador presenta las bases para establecer las reglas de inversión, administración y gobernanza de los llamados fondos generacionales, que estarán a cargo de las Accai. Estos fondos tienen como objetivo principal gestionar el ahorro personal de los trabajadores para cubrir las pensiones de vejez, según los años de nacimiento y el tiempo que les falta para retirarse.
El otro borrador detalla los mecanismos que las Accai deberán implementar para convertir los ahorros individuales en ingresos vitalicios para los pensionados. El esquema de “desacumulación” contempla una propuesta de dividir en partes iguales los recursos acumulados por el afiliado al llegar al retiro. Una mitad se asignaría a la contratación de una renta vitalicia con aseguradoras de vida, mientras que la otra se destinaría a los denominados patrimonios compartidos para el retiro (Pacore).
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