8 personas religiosas están desaparecidas en el Guaviare: esto se sabe

Las desapariciones de ocho personas en el municipio de Calamar, Guaviare, han dejado a sus familiares y comunidades en un estado de incertidumbre y dolor que persiste desde hace más de 40 días.

Los afectados, miembros de dos iglesias evangélicas, fueron citados supuestamente para una actividad comunitaria por las disidencias de las Farc, un grupo armado con fuerte control en la región, y no se ha sabido nada de ellos desde entonces.

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Este caso, como detalla la revista Semana, es un ejemplo desgarrador del contexto que enfrentan las comunidades rurales en esta zona, donde la falta de presencia del Estado alimenta la impunidad y el silencio.

Según testimonios recogidos por Semana, un grupo que incluía pastores, líderes sociales y madres, fue contactado mediante videollamada el pasado 3 de abril.

Los nombres de algunos de los llamados fueron mencionados directamente, entre ellos Carlos Valero e Isaías Gómez, que debían presentarse al día siguiente en la vereda Puerto Nuevo.

En los días posteriores se sumaron más nombres: Jesús Valero, Marjorie Hernández, James Caicedo y Óscar Marino, quienes, según sus familiares, fueron llevados en una lancha al lugar indicado.

Al llegar a Puerto Nuevo, las mujeres que acompañaban a algunos de los citados no fueron permitidas avanzar más allá de un punto, y les aseguraron que los hombres regresarían a las tres de la tarde. Sin embargo, no volvieron, y desde entonces no se ha recibido comunicación alguna sobre su paradero.

En la región, los pobladores viven bajo las normas impuestas por el frente Primero de las disidencias de las Farc, presuntamente dirigido en esta zona por alias Calarcá.

Los horarios y las actividades cotidianas están restringidos. “Después de las seis de la tarde no se puede andar. Los cultos deben hacerse antes. Nos toca acatar, porque la vida está en juego”, reveló un pastor entrevistado por el medio.

La comunidad ahora vive entre el temor y la desesperanza ante lo que consideran un abandono por parte de las autoridades. “Un mercado no nos devuelve a nuestros familiares. Una charla no borra la angustia”, criticó un residente al recordar los anuncios iniciales del alcalde Farid Camilo Castaño, que incluyeron la oferta de una recompensa, pero no implicaron acciones concretas.

Cada día que pasa, las familias enfrentan desafíos emocionales y espirituales. Las iglesias, que antes eran un refugio de fe y consuelo, ahora se encuentran con sillas vacías y culto restringido.

Las huellas de la ausencia son más visibles en los hijos pequeños de las mujeres desaparecidas. Uno tiene apenas 4 años, otro 10, y una niña de 5 años. “Es como si se los hubiera tragado la tierra”, declaró otro pastor, quien se mostró consternado ante la falta de respuestas.

El líder religioso recordó que era común que los grupos armados convocaran comunidades para reuniones, pero señalaba que anteriormente quienes asistían siempre volvían. “Nunca así, nunca ocho personas de un solo golpe”, enfatizó.

El único pronunciamiento realizado por el grupo armado fue un breve comunicado en el que descartaron su responsabilidad sobre las desapariciones.

Este mensaje, sin embargo, no ha traído claridad ni alivio, y tanto los familiares como los habitantes de la zona siguen sin entender lo sucedido.

Para estos ciudadanos, la falta de respuestas y el aparente desinterés del Estado acentúan el dolor. “Si esto hubiera pasado en otra parte del país, ya habría drones, helicópteros, escuadrones. Aquí no ha pasado nada”, expresó un poblador, cuestionando el abandono histórico que sufre el Guaviare.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, manifestó su preocupación en diálogo con el medio. Informó haber activado diversas instancias institucionales desde que tuvo conocimiento del caso entre el 12 y 13 de abril.

Estas medidas incluyeron oficios a la Fiscalía, al Ejército Nacional y al alcalde municipal, además de un acercamiento con la comunidad afectada. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas acciones ha permitido obtener datos concretos sobre el paradero de las ocho personas. “He estado pendiente, hablando con el representante legal de esa denominación, con el alcalde, y oficiando a quienes tienen la competencia”, indicó la legisladora, quien señaló este caso como un reflejo de la vulnerabilidad que enfrentan los líderes religiosos en territorios controlados por actores armados.

“Es preocupante que no haya libertad religiosa plena en estos territorios. No puede ser que los líderes religiosos estén sujetos a las órdenes de los grupos armados ilegales”, afirmó Ríos.