Pese a las críticas, el abogado Héctor Carvajal fue elegido magistrado de la Corte Constitucional con 66 votos a favor. La llegada del profesional en Derecho al alto tribunal puso en alerta al país político colombiano debido a su cercanía con el presidente Gustavo Petro.
Pues, Carvajal es el apoderado del jefe de Estado en la investigación que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de topes de financiación en su campaña electoral de 2022. En ese sentido, se ha puesto en duda su independencia.
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No obstante, el abogado, que todavía no se ha posesionado en el cargo, aseguró en la plenaria del Senado donde fue elegido, que su trabajo lo llevó a conocer al primer mandatario. Sin embargo, afirmó que el punto de discusión no debe ser Petro, sino la institucionalidad.
“Llegué a ser cercano al presidente de la República por consecuencia de mi ejercicio profesional (…), pero no estamos hablando del presidente Gustavo Petro, estamos defendiendo la institucionalidad política de Colombia”, dijo.
Solicitud de recusación contra el magistrado Carvajal
En todo caso, su llegada a la Corte Constitucional ya motivó acciones para impedir que participe en ciertas discusiones que están relacionadas con el Gobierno. Ante el alto tribunal llegó una solicitud de recusación para apartarlo de los debates en torno a la reforma pensional. La iniciativa aprobada por el Congreso fue demandada por la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia. El expediente está en manos del magistrado Jorge Ibáñez.
Según el documento presentado a la Corte, son varias las causales motivan la petición de recusación, entre ellas, el hecho de que exista un interés sobre la decisión, que se haya conceptuado anteriormente sobre la constitucionalidad de la disposición acusada. Estas, agravadas por el vínculo de confianza personal que tiene con el presidente Gustavo Petro, que es la cabeza del Gobierno nacional e impulsor principal del proyecto de reforma.
“Resulta claro que permitir la intervención del Dr. Héctor Carvajal en el fallo de la demanda contra la Ley 2381 de 2024 contravendría frontalmente el régimen de impedimentos y recusaciones aplicable, y vulneraría el derecho al debido proceso de las partes y de la ciudadanía en general, al no garantizarse un juez plenamente imparcial”, se lee en la solicitud.
Además, se recuerda que, cuando hay una causal de recusación, se debe preservar la legitimidad de las decisiones y la confianza sobre las instituciones que imparten justicia. En ese sentido, la primera acción a la que se debe recurrir es la separación del funcionario señalado de estar impedido para ejercer el cargo de manera independiente.
Por eso, se insiste en apartar al magistrado de la discusión en torno a la constitucionalidad de la reforma, que fue aprobada de manera aparentemente irregular en la Cámara de Representantes, tras acoger y dar el visto bueno al texto que aprobó el Senado con anterioridad. Lo ocurrido hace parte de los argumentos que presentó la precandidata Paloma Valencia para tumbar la iniciativa.
“Admitir la presente recusación y declarar fundadas las causales de impedimento alegadas contra el Magistrado Héctor Alfonso Carvajal Giraldo, separándolo del conocimiento del proceso de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 (artículo 75, reforma pensional), de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991 y demás normas concordantes”, se indica en la sección de peticiones de la solicitud de recusación.
Asimismo, se pide impedir que el magistrado, tras ser recusado, participe en cualquier actuación que se incluya dentro del expediente de la reforma pensional. Eso incluye votaciones, ponencias, y deliberaciones. El fin de la solicitud es garantizar la plena imparcialidad del trámite.
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