
En Colombia hay jubilo porque el miércoles 21 de mayo el niño Lyan José Hortúa regresó con su familia sano y salvo, luego de permanecer casi tres semanas en poder, al parecer, de una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc que delinque en la zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), población a media hora de Cali.
Y aunque oficialmente se señaló que al menor lo entregaron a una comisión humanitaria que lideró la Defensoría del Pueblo, según establecieron en exclusiva en el periódico El Tiempo, el padrastro del pequeño, Jorsuar Suárez, tuvo que pagar un rescate para que lo liberaran.
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Según detalló Paola Castillo, la alcaldesa del municipio vallecaucano en el que ocurrió el reprochable rapto, en el regreso a la libertad de Lyan intermedió una pariente, y finalmente se dio su liberación.
“Lo que nos informó el funcionario de la Defensoría del Pueblo es que, en horas de la mañana, los llamaron para hacer ese proceso de entrega del menor Lyan. Ellos se desplazaron hacia la zona rural alta de nuestro municipio. Allá también está una familiar del menor. Este grupo al margen de la ley les entregó (el niño) a unos líderes campesinos de la zona y ellos de manera inmediata se lo entregaron al doctor Jerson, de la Defensoría del Pueblo”, aseguró en un video.
No obstante, para lograrlo, la noche anterior el padrastro del niño tuvo que negociar con los criminales y acordó un pago de miles de millones de pesos para que lo entregaran sano y salvo, luego de que lo citara la estructura armada, al parecer el frente Jaime Martínez, en una población caucana en límites con el Valle del Cauca, conocieron en El Tiempo con fuentes allegadas al caso.
Tras pagar la alta suma de dinero, a Lyan lo dejaron con una pariente que sería la misma a la que se referían en la versión oficial de la alcaldesa sobre el fin del cautiverio del pequeño, recogieron en primicia en el diario bogotano.
Sobre el proceso de liberación, en todo caso, no se entregaron mayores detalles oficialmente, salvo lo que expresaron desde la alcaldía de Jamundí y en la Defensoría del Pueblo.
“Quiero aprovechar esta situación para hacer un llamado a todos los grupos armados a que respeten el Derecho Internacional Humanitario, que respeten la vida, la libertad de todas las personas, pero especialmente la de los niños y las niñas, que tienen que estar fuera de la guerra fuera de la violencia”, reprochó la defensora del Pueblo Iris Marín.
En cualquier caso, en las primeras declaraciones que dio el padrastro del Lyan, expresó su descontento porque aseguró que no tuvo apoyo de las autoridades, empezando por el presidente de la República, Gustavo Petro, como tampoco de la Policía Nacional, en especial cuando recién ocurrió el plagio, el pasado sábado 3 de mayo.
“Esa noche nunca llegó nadie, nunca llegó nadie a apoyarnos. Nunca llegó nadie a decirnos, que ‘todo va a estar bien’, que ‘tranquilos’ nos tocó defendernos a nosotros mismos, yo siendo la cabeza de familia con mi esposa y los que vivimos ahí”, dijo ante los medios de comunicación.

Pero cuando le preguntaron que si tuvo que hacer algún pago, Suárez se limitó a decir que “no podía hablar del tema”, pero reveló que durante el cautiverio del menor recibió dos videollamadas.
“Queremos tener privacidad. Igual aprovecho estos medios para aclarar que soy un comerciante y que llevó más de 12 años con una empresa legal”, afirmó en el diálogo con la prensa.
También entregó detalles que al niño lo tuvieron amarrado cuatro días y que enviaron a un emisario que llevó el medicamento que requería el niño, que padece problemas en sus pulmones.
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