“Muchas entidades no cuentan con condiciones”: alcaldes piden no asumir comida de presos desde julio

A menos de dos meses de la entrada en vigencia de una nueva disposición legal, la Federación Colombiana de Municipios expresó su preocupación al Ministerio de Justicia por la obligación que recaerá sobre las alcaldías de suministrar la alimentación de los reclusos en centros de detención transitoria a partir del 1.° de julio de 2025.

El planteamiento se hizo mediante una carta firmada por el presidente de Fedemunicipios y alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, quien solicitó postergar la aplicación de esta responsabilidad debido a la falta de capacidad técnica y presupuestal en muchos entes territoriales.

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Sánchez advirtió que esta nueva función implica riesgos para la atención de las personas privadas de la libertad.

“Si bien es cierto que los alcaldes deben ocuparse a partir del 1.° de julio del año en curso de la alimentación de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, también lo es que muchas entidades territoriales no cuentan con las condiciones técnicas, financieras ni logísticas suficientes para asumir plenamente esta competencia sin comprometer la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad de manera preventiva”, escribió el dirigente en la misiva.

Fedemunicipios resaltó que la situación es especialmente crítica para las administraciones de cuarta, quinta y sexta categoría, cuyos presupuestos son limitados. Estas jurisdicciones, según el texto dirigido al Ministerio, no contarían con los medios suficientes para cumplir la nueva asignación sin afectar otras obligaciones fundamentales.

Con base en ese argumento, la Federación de Municipios planteó la necesidad de tramitar una reforma legal que permita aplazar la implementación de la Ley 2346 de 2024, que transfiere esta competencia desde la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a los municipios.

La petición incluye que sea esta entidad la que continúe atendiendo la alimentación de los internos hasta que se defina, con claridad, qué nivel de gobierno debe asumir esa función.

Además de pedir el aplazamiento, la Federación solicitó respaldo político por parte del Ejecutivo para avanzar con una iniciativa legislativa que incluya mensaje de urgencia y permita modificar los plazos.

“Es por ello que le agradecemos que desde su despacho nos apoyen adelantando las gestiones pertinentes para que la referida iniciativa legislativa que estamos promoviendo desde los gremios, cuente con mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno nacional”, se lee en la carta dirigida al ministro encargado de Justicia, Augusto Alfonso Ocampo.

El documento también pide que se habiliten espacios de discusión en el Congreso de la República donde participen representantes de la Uspec, el Ministerio de Justicia, las federaciones municipales y otros actores regionales. El propósito es construir una hoja de ruta que responda a las realidades económicas y logísticas de cada municipio para garantizar una implementación gradual y efectiva.

El nuevo modelo comenzaría a regir desde el primer día de julio, según lo estipulado por la ley, lo que ha generado alertas en varias regiones del país.

En ese contexto, Fedemunicipios propuso que el diseño de esta política pública contemple las diferencias entre territorios y evite generar una carga desproporcionada sobre los gobiernos locales.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado que continuará con el seguimiento a las disposiciones legales relacionadas con el tratamiento de la población reclusa, con el fin de evitar impactos adversos sobre sus derechos fundamentales.

El debate sobre la alimentación de las personas privadas de la libertad se da en un contexto en el que han surgido cuestionamientos sobre la ejecución de contratos por parte de la Uspec. En Cali, por ejemplo, fue revelado un convenio por más de 53.000 millones de pesos destinado a ese fin, en el que, según denuncias preliminares, habrían existido presuntas irregularidades.

Según las versiones que se conocen del caso, los documentos aportados para el proceso de contratación contendrían inconsistencias. Además, se señaló que la planta donde debía realizarse la preparación de alimentos, ubicada en el barrio Santa Elena, no estaría en funcionamiento.

También se advirtió sobre la supuesta carencia de servicios públicos activos, falta de matrícula mercantil y la inexistencia de permisos urbanísticos para desarrollar actividades industriales en ese lugar.

Dadas estas observaciones, la Federación insistió en que cualquier modificación al modelo actual debe estar acompañada de herramientas de control, garantías institucionales y recursos adecuados para que la transición no genere retrocesos en la atención de la población penitenciaria.

La carta concluye con una invitación al Ministerio para considerar estos aspectos antes de avanzar en la implementación de la medida, a fin de evitar consecuencias que puedan comprometer la capacidad operativa de las alcaldías y los derechos de los detenidos en centros transitorios.