Ministro de Salud se refirió a la denuncia penal en su contra por radicar la nueva consulta popular: “No es la primera vez”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a la denuncia penal interpuesta por el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero, luego de que el alto funcionario participara en la radicación de la segunda versión de la consulta popular realizada el lunes 19 de mayo en el Senado.

Al respecto, el ministro de Salud le restó importancia a la denuncia, aseverando que es un nuevo intento de la oposición para impedir el trámite de la nueva consulta popular en el Senado.

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“Todo mundo tiene derecho a opinar. No será la primera vez porque aquí se habla de muchas cosas”, dijo el funcionario en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, Jaramillo indicó que su experiencia, tanto en materia política como en salud, es suficiente para participar en dichos escenarios de debate público.

“Llevo 74 años, desde muy temprano, estuve en la actividad privada y unas veces estaba en la actividad pública. Otras veces he estado con mi profesión de cirujano cardíaco pediátrico (...) duermo muy tranquilo porque nunca he cometido un delito, nunca he abusado del poder y nunca he cogido ni un céntimo del erario público, porque el erario público, los dineros del Estado, son sagrados”, precisó.

Demanda de Andrés Forero

Según el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no contaba con la debida delegación para presentar formalmente el mecanismo, teniendo en cuenta el decreto presidencial que lo delegaron con funciones presidenciales.

Forero señaló que el alto funcionario, en medio de sus facultades presidenciales, no podía presentar la iniciativa, según lo expuesto en el artículo 104 de la Constitución, en la que solo se faculta exclusivamente al presidente de la república para consultar al pueblo a través de mecanismos como la consulta popular, por lo que, para el congresista, esta omisión generaría una inviabilidad en el trámite de la consulta.

“El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección”, indica el artículo 104.

El marco legal que respalda la denuncia se basa en los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro para delegar funciones presidenciales a Jaramillo.

El primero, el Decreto 0506 del 9 de mayo de 2025, designó al ministro como delegatario de funciones presidenciales entre el 10 y el 17 de mayo de 2025. Posteriormente, el Decreto 528 del 15 de mayo de 2025 extendió este periodo hasta el 19 de mayo, justo el mismo día que, junto a los ministros del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron la segunda versión de la consulta popular.

Para Forero, ninguno de estos decretos otorga al ministro la capacidad de convocar consultas populares. “El ministro radicó la nueva consulta sin tener la delegación constitucional del presidente para hacerlo. Con su improvisación y chambonería Jaramillo vició la consulta populista”, indicó el representante del Centro Democrático en su cuenta de X.

Así mismo, el parlamentario indicó que, con estas causales, lo primordial para el Gobierno sería que retiraran la consulta popular, con tal de que no sea declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, en caso de que se apruebe en el Senado.

“Considero que él violó el artículo 428 del Código Penal, él realmente, a mi juicio, cometió un abuso de función pública, y por esa razón lo denuncié ante la Fiscalía (...) tendría que retirar la consulta para que la presente nuevamente el presidente de la República”, indicó Forero en diálogo con Caracol Radio.

La denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, en donde el congresista denunció al ministro por haber incurrido en el delito de abuso de función pública, que está contemplado en el artículo 428 del Código Penal Colombiano. El tipo penal establece una pena privativa de la libertad de entre 16 y 36 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.

La “consulta popular 2.0” ha generado controversia desde su anuncio, ya que busca consolidar el apoyo ciudadano a los principales proyectos sociales del Gobierno, incluyendo reformas estructurales en áreas como el trabajo y la salud. Estas iniciativas han sido objeto de intenso debate en el Congreso y entre diversos sectores de la sociedad.

A diferencia de la primera versión, que fue negada por la plenaria del Senado, el Gobierno adicionó cuatro preguntas relacionadas con la reforma a la Salud, sumadas a los 12 interrogantes planteados con base en la reforma laboral, proyecto que fue archivado en la Comisión Séptima del Senado, pero que tras una apelación avalada en el legislativo, ahora se debate en la Comisión Cuarta.