A partir del 1 de julio de 2025, Colpensiones asumirá el pago de todas las mesadas pensionales en Colombia, independientemente de si los trabajadores hicieron aportes a fondos privados en algún momento. El cambio está establecido por la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.
La reforma busca ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de jubilación para millones de colombianos con la reorganización del sistema en torno a cuatro pilares fundamentales (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario).
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De acuerdo con la nueva normativa, todos los trabajadores deberán cotizar a Colpensiones hasta por un monto equivalente a 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen a $3.274.050 en 2025. Los ingresos que superen este límite serán destinados a los fondos privados, que ahora se denominan administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), entre los que se encuentran Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.
El modelo busca garantizar una mayor equidad en el acceso a las pensiones, en especial, para los que tuvieron empleos informales o intermitentes.
Porcentajes establecidos para el aporte de salud
En cuanto a los aportes a salud, los descuentos para los pensionados se mantendrán sin cambios, y se calculan en función del rango de ingresos. Los porcentajes establecidos son los siguientes: un 4% para quienes reciben hasta un salario mínimo, un 10% para quienes perciben entre dos y tres salarios mínimos, y un 12% para aquellos con ingresos superiores a tres salarios mínimos.
Por ejemplo, con el salario mínimo de 2025 fijado en $1.423.500, un pensionado que recibirá esta cantidad continuará pagando $56.904 por salud. En el caso de pensiones de $3.000.000 y $5.000.000, los descuentos serán de $300.000 y $600.000, respectivamente.
Reducción de porcentajes
Durante el debate en el Congreso de la República, algunos sectores políticos y asociaciones de jubilados propusieron reducir estos porcentajes. Argumentaron que los descuentos actuales afectan de gran manera el poder adquisitivo de los pensionados. Una de las propuestas más destacadas fue limitar el descuento máximo al 8% para los que ganan más de tres salarios mínimos ($4.270.500). Sin embargo, las iniciativas no fueron incluidas en la versión final de la ley, aunque el asunto sigue siendo objeto de discusión entre los afectados.
En lo que respeta a los trabajadores independientes, la Ley 2227 de 2022 establece que deben estar afiliados al régimen contributivo en salud, y aportar el 12,5 % sobre el ingreso base de cotización (IBC), que equivale al 40% del ingreso mensual declarado.
Por ejemplo, un trabajador independiente con ingresos de un salario mínimo ($1.423.500) deberá pagar $71.175 mensuales por salud. En cuanto a los aportes a pensión, estos se calculan como el 16% del IBC. Para un ingreso mensual de $2.000.000, el aporte a pensión será de $128.000, mientras que para un salario mínimo será de $91.104. Si el IBC resulta calculado inferior al salario mínimo vigente, el sistema ajustará de manera automática el monto para cumplir con lo estipulado por la ley.
Esquema de pilares inclusivo
La reforma también introduce un cambio en la estructura del sistema de pensiones al establecer un modelo basado en cuatro pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario). El esquema busca ser más inclusivo y garantizar que más colombianos puedan acceder a una pensión, en especial, aquellos que no tuvieron la posibilidad de cotizar de manera constante.
El objetivo principal es reducir las desigualdades en el sistema y asegurar un flujo de recursos más eficiente para los beneficiarios.
Aunque la reforma ya fue aprobada por el Congreso, aún está pendiente de revisión por la Corte Constitucional, lo que podría generar ajustes adicionales antes de la implementación definitiva. Mientras tanto, el Gobierno y las entidades responsables trabajan en la preparación de los cambios necesarios para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo sistema, que entrará en vigor en julio de 2025.
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