Denuncian presunta corrupción en procesos de contratación en el Sena: habrían solicitado nuevos requisitos

La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común hizo pública una denuncia que podría sacudir los cimientos de la transparencia institucional en Colombia.

En una carta dirigida a la opinión pública y a los medios de comunicación, la organización reveló presuntas irregularidades en varios procesos de contratación adelantados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), especialmente en sus regionales de Bolívar, Caldas y Casanare.

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Según el documento, en el caso del Sena regional Bolívar, con una adjudicación por más de 31.000 millones de pesos, se habrían alterado los criterios de evaluación establecidos en los pliegos de condiciones.

Se señaló que la entidad rechazó cuatro propuestas bajo el argumento de insuficiencia financiera, usando un criterio de evaluación ponderado que no estaba contemplado en los términos iniciales, en lugar de aplicar la sumatoria simple entre los miembros de las uniones temporales como se había indicado. Esta modificación de las reglas dejó como única oferente a la Unión Temporal Prointer Zona 1, integrada por Interglobal Seguridad y Prossimo Security, ambas con domicilio en la costa Caribe, y a la que se le adjudicó el contrato.

Una situación similar se habría repetido en la regional Casanare, donde cinco propuestas fueron rechazadas con los mismos argumentos. Allí también resultó beneficiada una unión temporal conformada por Interglobal Seguridad y Prossimo Security, en este caso bajo el nombre de Unión Temporal Prointer Zona 2, adjudicataria de un contrato por más de 21.000 millones de pesos.

En la regional Caldas, el único proponente en el proceso fue la Unión Temporal Seguridad 3P, conformada por Seguridad Fénix y la Compañía de Vigilancia PPH. En este caso, la denuncia aseguró que uno de los profesionales propuestos no cumplía con los requisitos de certificación vigentes, ya que su credencial CPP había expirado antes de la firma del contrato. No obstante, fue calificado como “cumple” en el informe técnico, lo que permitió la adjudicación por más de 26.000 millones de pesos.

La denuncia también apuntó a un patrón repetitivo en otras entidades públicas del país, como las alcaldías de Cota, Chía, Cajicá y Tenjo, donde estas mismas firmas han sido adjudicatarias, siendo las únicas oferentes. Este comportamiento, según la Red de Veedurías, despierta preocupaciones sobre una posible “feria de contratos” orquestada con mecanismos poco transparentes y favoreciendo a ciertos actores.

Lo más preocupante, según la denuncia, es que incluso desde la Dirección General del Sena se estarían replicando estos esquemas. Se advierte que en un reciente proceso de contratación no se publicó el informe de evaluación previo a la audiencia de adjudicación, y se impidió la intervención de terceros, lo que, en palabras de la veeduría, “fue hecho a escondidas”, generando sospechas sobre la posible continuidad de adjudicaciones a los mismos grupos empresariales.

Frente a ello, la Red Bien Común solicitó el acompañamiento de los medios de comunicación para visibilizar estos hechos que consideran escandalosos. Además, señala que sus observaciones fueron ignoradas por la entidad, como ocurrió en la audiencia de adjudicación en la regional Bolívar, donde había tres veedurías presentes que no fueron tenidas en cuenta.

“Se solicita acompañamiento de los medios de comunicación por el descaro del Sena en la adjudicación de los procesos del servicio de vigilancia en sus diferentes regionales incluida la Dirección General, teniendo en cuenta que en el SENA REGIONAL BOLIVAR ellos hicieron caso omiso a las 3 veedurías que se encontraban presentes en la Audiencia de Adjudicación (sic)”, explicaron.