Instituto Anticorrupción pide investigar a Petro por denuncias de Deicy Jiménez y posibles irregularidades en contratos

El Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se esclarezcan posibles irregularidades en la contratación pública relacionadas con los señalamientos de Deicy Jiménez sobre el expresidente Gustavo Petro.

El documento, fechado el 25 de octubre de 2026 y firmado por Camilo Alberto Enciso Vanegas, director de la organización, también fue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que actúe dentro de sus competencias.

La solicitud busca establecer si se utilizaron recursos públicos para fines particulares y si existieron anomalías en la contratación estatal. Estas posibles irregularidades se relacionan con las declaraciones de Jiménez, quien, en una entrevista con la revista Semana, habló de presuntos vínculos entre contratos públicos y encuentros sexuales con Petro cuando era senador. También aseguró que habría existido una red de unas 40 mujeres a su servicio y afirmó haberle transportado droga.

El Instituto Anticorrupción indicó que conoció los señalamientos a través de publicaciones periodísticas y pidió determinar qué ocurrió y quiénes habrían participado en los hechos mencionados. Las afirmaciones hacen parte de denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Por otra parte, una verificación de La FM estableció que Jiménez ha suscrito diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026, según los registros del Portal Anticorrupción de Colombia, de la Secretaría de Transparencia. Siete están relacionados con entidades del Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Uno de los contratos continúa vigente. Fue firmado con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026 por $30.457.000 y tiene como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de este año.

El acuerdo corresponde a una prestación de servicios de apoyo a la gestión para contribuir a consolidar informes de seguimiento a proyectos financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), destinado a iniciativas de seguridad ciudadana y preservación del orden público.

¿Qué le pide el Instituto Anticorrupción a la Comisión de Acusación?

La denuncia solicita que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes determine si tiene competencia para investigar los hechos atribuidos al expresidente Gustavo Petro y adelante las indagaciones que correspondan.

El documento también pide establecer qué autoridades deben conocer los señalamientos relacionados con la etapa en la que Petro fue congresista y con su periodo como mandatario, con el fin de remitir cada asunto a las instancias competentes.

La organización precisa que la denuncia no confirma las acusaciones contra Petro ni contra otras personas. Su propósito es que las autoridades verifiquen la información, definan sus competencias y establezcan si existen motivos para abrir una investigación.

Las presuntas irregularidades que solicitan investigar

El Instituto Anticorrupción plantea varias hipótesis jurídicas que, a su juicio, deben ser examinadas. Entre ellas figuran posibles delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias y cohecho, además de otras conductas contra la administración pública.

La denuncia también solicita evaluar una posible concusión. Esta hipótesis apunta a establecer si Petro, aprovechándose de sus cargos públicos, habría solicitado o presionado a mujeres para obtener favores sexuales mediante el ofrecimiento de contratos. Se trata de señalamientos que deberán ser verificados por las autoridades.

El Instituto Anticorrupción pide examinar los contratos, los estudios previos, las hojas de vida, los informes de supervisión, los productos entregados, los pagos, las modificaciones y los soportes que acrediten la idoneidad de las personas contratadas.

La solicitud incluye consultar los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y los archivos del Congreso. Con esa información se busca establecer si los servicios contratados fueron prestados, si los honorarios correspondían a los productos entregados y si pudo existir algún conflicto de interés.

Entre las diligencias solicitadas está escuchar las declaraciones de Armando Benedetti, por las referencias de Jiménez a una posible recomendación para obtener un contrato en el Ministerio del Interior, y de la senadora María José Pizarro, mencionada en relación con un contrato en el Senado.