La agencia calificadora Moody’s lanzó una señal de alerta sobre el deterioro en el perfil crediticio de Colombia, al advertir que el país enfrenta riesgos crecientes que podrían comprometer su actual grado de inversión.
En un evento realizado en Bogotá el martes 20 de mayo, Renzo Merino, analista de la firma encargado del seguimiento al país, presentó una evaluación crítica del desempeño fiscal y macroeconómico reciente.
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Merino explicó que Colombia se encuentra en una situación frágil: mientras las agencias Fitch y Standard & Poor’s ya han degradado la calificación soberana del país por debajo del grado de inversión, Moody’s aún mantiene esa categoría.
No obstante, el país continúa bajo observación, con una perspectiva negativa debido a factores estructurales que no se han resuelto.
Factores de riesgo: crecimiento débil y gasto elevado
Uno de los principales puntos señalados por Moody’s es la debilidad del crecimiento económico, que limita la capacidad del Estado para aumentar sus ingresos y cumplir las metas de reducción del déficit fiscal en los próximos años. Según el analista, esta dinámica complica los objetivos proyectados para 2024, 2025 y 2026.
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A esta situación se suma una carga de deuda creciente. Aunque entre 2021 y 2023 el país logró reducir los niveles de endeudamiento que se habían disparado durante la pandemia, en 2024 la tendencia se revirtió. La combinación entre una caída en los ingresos fiscales y la depreciación del peso frente al dólar ha incrementado nuevamente la presión sobre las finanzas públicas.
“Se han generado dudas sobre la capacidad del Gobierno para corregir la trayectoria de la deuda”, afirmó Merino, quien también indicó que el país ha perdido margen de maniobra para ajustarse a los compromisos fiscales. Las cifras de cierre del año aún no están disponibles, pero según la evaluación preliminar de Moody’s, la flexibilidad fiscal ha disminuido.
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Incertidumbre institucional y presión sobre la regla fiscal
Otro elemento que genera inquietud es el cumplimiento de la regla fiscal. Merino hizo referencia al reciente análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que validó el cumplimiento técnico de los compromisos para 2023, aunque cuestionó la sostenibilidad del mecanismo utilizado.
El experto comparó la situación con una jugada de gol en posición dudosa que debe ser revisada por el VAR: “El Comité dijo que fue válido, pero no se puede repetir. El problema es que podría volver a suceder en 2025 por una sobreestimación de ingresos”, señaló.
En este contexto, la atención estará puesta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que el Ministerio de Hacienda presentará en junio. Moody’s actualizará su evaluación del país después de ese anuncio.
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Presión por intereses y falta de consensos
Además del bajo crecimiento, la estructura del gasto público tampoco ha retornado a los niveles previos a la pandemia. El gasto total, que históricamente representaba cerca del 14 % del Producto Interno Bruto, se mantiene actualmente por encima del 20 %, impulsado en buena parte por los intereses de la deuda.
A ello se suma un entorno político polarizado que, según Merino, dificulta alcanzar consensos alrededor de los ajustes fiscales necesarios. La suspensión de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional es, en su opinión, una muestra de esta falta de acuerdo institucional.
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, la calificadora anticipa un seguimiento detallado a los programas fiscales de los candidatos y a las decisiones del actual Gobierno, en especial en lo referente al manejo de las finanzas públicas. “Vamos a estar observando cuál será la herencia fiscal que se dejará al próximo gobierno”, concluyó el analista.
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Con este diagnóstico, Moody’s mantiene a Colombia en grado de inversión, pero advierte que el deterioro de indicadores clave podría forzar una nueva revisión en el corto plazo. El crecimiento económico, la consistencia en la regla fiscal y la capacidad de ajuste serán determinantes en el próximo informe de la calificadora.
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