Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exdictador venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Adela Flores de Maduro fueron acusados de conspirar para cometer tortura, en un nuevo escrito de cargos que también incluye narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez señaló que con estas revelaciones siempre tuvo la razón.
¿El motivo? Los nexos que el denunció durante sus mandatos y desde el Congreso, entre excomandantes de las extintas Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el régimen venezolano.
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El exmandatario y líder del Centro Democrático, señaló desde su cuenta de X: “20 años después una justicia extranjera, la de USA, da la razón a nuestra lucha, pero en paralelo con la impunidad a Farc nuestros compañeros, quienes cumplían con el deber de enfrentar al terrorismo Castro Chavista, han sufrido y siguen sufriendo, por ejemplo, María del Pilar y Andrés Peñate”.
Al final Uribe afirmó que siguen “en la lucha” y agregó un fragmento del escrito de acusación formal que reveló el Gobierno de Donald Trump, tras la captura de Maduro y Flores en medio de una operación militar (Resolución absoluta) llevada a cabo el 3 de enero de 2026.
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En el documento se señala que “poco después de la muerte de Chávez, aproximadamente en 2013, Maduro Moros y la acusada Cilia Flores de Maduro asistieron a una reunión con la dirigencia de las Farc, incluidos Rodrigo Londoño Echeverri, también conocido como «Timochenko», Luciano Marín Arango, también conocido como «Iván Márquez», y Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como «Jesús Santrich», sobre el dinero que Maduro Moros debía a las Farc en relación con su asociación para el narcotráfico".
Seguido a lo anterior, el indictment menciona: “(...) Para pagar al menos parte de la deuda, Maduro Moros accedió a vender minas explosivas y otras armas a las FARC, lo que Maduro Moros reconoció que también aumentaría la capacidad de las FARC para librar una guerra contra Colombia. De hecho, las ventas de minas continuaron aproximadamente hasta 2015, y Maduro Moros facilitó la venta de minas fabricadas en Cuba a, entre otros, grupos terroristas.
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Álvaro Uribe Vélez puso en duda si las extintas Farc reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el trueque de armas por cocaína con el régimen venezolano, de acuerdo con lo que señala el indictment por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU. - crédito @AlvaroUribeVel/X
Los detalles de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en los Estados Unidos
La acusación sustitutiva, y que fue desclasificada, amplía el proceso judicial que enfrenta la pareja venezolana.
Según el comunicado oficial, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York atribuye a ambos una presunta participación, durante más de dos décadas, en una estructura que combinó corrupción, narcotráfico y represión contra opositores y personas detenidas, entre ellas ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia sostuvo que Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, afrontan cinco cargos, con penas que van desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua, según el delito y las circunstancias que eventualmente establezca la justicia.
La acusación incluye narcoterrorismo, cocaína y armas de guerra
La imputación sustitutiva señala a Maduro y Flores por participar en una conspiración de narcoterrorismo. Ese cargo contempla una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
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El segundo cargo se refiere a la presunta conspiración para cometer tortura, que puede llevar a una pena de hasta 20 años de cárcel. El escrito también incluye una acusación por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delito que tiene una pena mínima de 10 años y una máxima de prisión perpetua.
Los cargos cuarto y quinto están relacionados con el supuesto uso, porte y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos en apoyo de las presuntas conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína.
De acuerdo con el comunicado, el cuarto cargo contempla una condena mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua. El quinto tiene una pena máxima de prisión perpetua.
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El Departamento de Justicia describió un supuesto sistema de torturas
La acusación sostiene que Maduro y Flores habrían usado organismos militares, policiales y judiciales venezolanos para consolidar un sistema de persecución contra personas consideradas opositoras al Gobierno.
Según el Departamento de Justicia, ese esquema habría recurrido a arrestos arbitrarios, violencia, amenazas y tortura física y psicológica. El documento menciona denuncias por descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y encierro en celdas de castigo.
La Fiscalía estadounidense aseguró que las presuntas torturas habrían incluido a ciudadanos de Estados Unidos detenidos en Venezuela, y que las autoridades habrían empleado esos métodos en momentos de inestabilidad política o cuando la continuidad de Maduro en el poder enfrentaba cuestionamientos.
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El comunicado también alude a tres altos funcionarios venezolanos que aparecen identificados en la acusación como CC-1, CC-2 y CC-3. No divulgó sus nombres.
Según la Fiscalía, uno de ellos habría ordenado asesinatos de personas que se oponían al Gobierno, supervisado actos de tortura y amenazado con asesinar al hijo de un detenido. Otro habría diseñado métodos de tortura y presentado esas prácticas para aprobación de Maduro, de acuerdo con la versión de los investigadores.
El documento menciona el caso de un ciudadano estadounidense que presuntamente fue sometido a privación de comida y agua, simulación de ahogamiento, golpizas, descargas eléctricas en los genitales e inyecciones forzadas. Esos señalamientos forman parte de la acusación presentada por las autoridades federales.
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La Fiscalía vinculó el caso con presuntas alianzas narcotraficantes: las Farc, el ELN y el Tren de Aragua
La acusación señala que Maduro, Flores y otros integrantes de su entorno habrían utilizado organismos estatales de Venezuela para facilitar el tráfico de drogas y proteger a socios dedicados al narcotráfico.
El Departamento de Justicia detalló que las autoridades venezolanas bajo control de los acusados habrían participado en una red para enviar cocaína hacia Estados Unidos mediante puntos de tránsito ubicados en el Caribe y Centroamérica.
Entre los grupos mencionados en el comunicado figuran las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cartel de Sinaloa, Los Zetas —posteriormente conocidos como Cartel del Noreste— y el Tren de Aragua.
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Este es el documento de acusación formal (indictment) del que el expresidente Uribe tomó la mención en su mensaje vía X:
La Fiscalía sostiene que los supuestos acuerdos con organizaciones criminales permitieron movilizar cargamentos de droga desde Venezuela, con protección de integrantes de las fuerzas militares, organismos de seguridad y entidades judiciales.
El escrito afirma que los investigados se habrían beneficiado de recursos provenientes del narcotráfico, la corrupción y el desvío de fondos públicos. Según la acusación, parte de ese dinero habría servido para sostener alianzas políticas y redes de lealtad dentro de las instituciones venezolanas.
El Gobierno estadounidense afirmó que la investigación continúa
El fiscal general Todd Blanche afirmó que los cargos adicionales responden a la investigación sobre presuntos delitos contra ciudadanos venezolanos y estadounidenses.
“Estas acusaciones adicionales contra los Maduro reflejan la dedicación de esta administración para llevar justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”, dijo en el comunicado.
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, sostuvo que el caso incorpora denuncias de tortura a ciudadanos estadounidenses bajo custodia del Estado venezolano. El funcionario mencionó agresiones con drogas, descargas eléctricas y violencia sexual entre los métodos descritos en la acusación.
Por su parte, el fiscal federal Jamie McDonald, del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que los procesados habrían abusado de posiciones de confianza pública para obtener beneficios mediante narcoterrorismo, tráfico de cocaína y otros actos de corrupción.
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