La Fiscalía General de la Nación oficializó en las últimas horas la salida de dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que ha generado inquietud al interior del organismo judicial. Los funcionarios retirados son Mónica Jiménez y Jorge Velásquez Niño, que hasta su desvinculación ocupaban los cargos de fiscal quinta y fiscal octavo delegados ante la Corte, respectivamente.
Ambos fiscales se encontraban al frente de investigaciones de alto perfil relacionadas con aforados constitucionales, por lo que su retiro ha causado desconcierto entre funcionarios y observadores del sector judicial. Hasta el momento, la fiscal general Luz Adriana Camargo, que asumió el cargo en marzo de 2024, no ha ofrecido explicaciones públicas sobre las razones detrás de esta decisión.
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La falta de comunicación oficial sobre los motivos ha alimentado especulaciones en distintos sectores del ámbito judicial. Si bien las declaraciones de insubsistencia son una facultad discrecional de la Fiscalía, la abrupta salida de Jiménez y Velásquez, sin una justificación conocida, ha dado lugar a interrogantes sobre la estabilidad interna del organismo y las posibles implicaciones para las investigaciones en curso.
Este episodio se produce en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la elección de la fiscal Camargo. El Consejo de Estado se encuentra evaluando una acción de nulidad que cuestiona la validez del proceso mediante el cual fue escogida por la Corte Suprema de Justicia. La demanda plantea presuntas irregularidades en el procedimiento que culminó con su designación como cabeza del ente acusador.
Adicionalmente, la elección de Camargo ha estado rodeada de señalamientos sobre posibles influencias políticas en el proceso. En ese sentido, se han mencionado los nombres de Carlos Ramón González, quien fuera director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia y actual magistrado de la Corte Constitucional; y Laura Sarabia, hoy ministra de Relaciones Exteriores, quienes habrían tenido un papel relevante en la articulación de apoyos a favor de la candidatura de Camargo.
Si bien no se ha presentado evidencia concluyente sobre dichas influencias, el debate en torno a la independencia de la Fiscalía y los procedimientos que rodearon su reciente elección continúa siendo motivo de controversia pública y seguimiento judicial.
En medio de este panorama, el retiro de dos fiscales delegados sin una explicación oficial añade un nuevo elemento de tensión a la coyuntura institucional que enfrenta la Fiscalía General de la Nación.
La defensa de Luz Adriana Camargo sobre supuesta cercanía con implicados del cado Ungrd
En medio del escándalo por el millonario entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, rechazó categóricamente la recusación presentada en su contra por el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.
La solicitud buscaba apartarla del caso bajo argumentos de supuesta falta de imparcialidad y vínculos políticos con miembros del actual Gobierno.
A través de una resolución de siete páginas, fechada el 13 de mayo de 2025,Camargo dejó en claro que no tiene participación directa en la investigación que adelanta la Fiscalía sobre los hechos de corrupción en la Ungrd, y que los fiscales encargados del caso actúan con plena autonomía e independencia, conforme al principio de separación funcional que rige a la entidad.
“Desde el mismo momento de mi posesión como Fiscal General de la Nación se ha reiterado que las decisiones investigativas y procesales son tomadas autónomamente por cada uno de los fiscales, quienes actúan como titulares de la acción penal pública”, afirmó Camargo en el documento.
Además, aclara que “esta fiscal general no lidera la investigación relacionada con los hechos materia de la recusación, ni tiene injerencia en las decisiones que se adopten en el proceso”.
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