Según informó la JEP, los imputados son señalados como máximos responsables de secuestros y otros delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia. La lista de los crímenes atribuidos incluye toma de rehenes, homicidio, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, atentados contra la dignidad personal y desplazamiento forzado.
Los acusados son Erasmo Traslaviña Benavides (alias Jimmy Guerrero), Pedro Trujillo Hernández (alias Alberto Cancharina), Jairo Reinaldo Cala Suárez (alias Jairo Quintero o Jairo Mechas) y Fabio Gil Forero (alias Norbey Narváez). Este tribunal subrayó que, debido a la gravedad de los crímenes, no podrán beneficiarse de amnistías ni perdones judiciales. Además, destacó el impacto diferenciado que sufrieron muchas de las víctimas, incluyendo violencia de género y daños prolongados a la salud física y mental.
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El Bloque Magdalena Medio operó en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. Esta estructura financiaba sus actividades mediante extorsiones, secuestros y el control territorial y social. Según detalló el comuncado de la JEP, este grupo ejecutó “decenas de secuestros individuales y colectivos”, sin importar si las familias de las víctimas podían pagar los rescates exigidos.
Uno de los casos más emblemáticos fue el secuestro de la hija del propietario de la empresa lechera Algarra, que se registró el 20 de septiembre de 2000. La víctima fue sometida a un “paseo millonario” en Bogotá, una modalidad de atraco que consistía en obligar a las personas secuestradas a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias.
El Caso 01 de la JEP, que investiga los secuestros perpetrados por el grupo guerrillero, ha acreditado hasta la fecha un total de 4.213 víctimas de este delito. De ese número, 189 señalan específicamente al Bloque Magdalena Medio como responsable. Este proceso busca esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas del conflicto armado.
Los comparecientes tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los hechos que se les imputan. En caso de que reconozcan su responsabilidad, se llevará a cabo una audiencia pública en la que deberán asumir sus actos ante la justicia y la sociedad colombiana. Si optan por no aceptar los cargos, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para continuar con el proceso judicial.
El 7 de mayo, la institución también imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos mandos del Bloque Caribe de la desmovilizada guerrilla de las FARC como “máximos responsables” de 827 secuestros individuales y colectivos, entre ellos los de los exministros colombianos María Consuelo Araújo y Fernando Araújo Perdomo.
Los imputados son Abelardo Colorado, alias Solís Almeida; Osmany Landero, alias Hernando González; Gilberto de Jesús Giraldo, conocido como Aldemar Altamiranda; Luis Cuadras Solórzano, que se hacía llamar Leonardo Guerra; y Uriel Oviedo, alias Manuel Ortiz o Mañe, explicó en una rueda de prensa la magistrada Julieta Lemaitre.
“Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad ante la justicia por el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las personas cautivas, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, así como violencia sexual”, detalló.
De igual manera, explicó que desde la JEP continúan trabajando en la documentación y esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, con el objetivo de garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
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