Defensora de Pueblo insistió en crisis de inseguridad en Colombia: denunció ataques con explosivos y muertes de menores

La guerra no ha dado tregua ni en el Pacífico ni en el nororiente del país, de acuerdo con un reclamo de la defensora del Pueblo, Iris Marín, que denunció un alarmante repunte de la violencia armada que ha sumido en el miedo y la desesperación a comunidades enteras en el Bajo Calima, en el distrito de Buenaventura, y en el Catatumbo, Norte de Santander.

Durante una visita de dos días a la zona, realizada junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y una representante de la Sala Especial de Seguimiento a Desplazados de la Corte Constitucional, Marín constató una crisis humanitaria en escalada.

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La causa, según su denuncia, la persistente disputa armada entre el ELN y el Clan del Golfo, que actúa en alianza con el Frente Jaime Martínez, disidencia al mando de Iván Mordisco.

Entre los más afectados están las comunidades del Consejo Comunitario del Bajo Calima y el pueblo indígena Guanán del Resguardo Santa Rosa de Guayana.

Muchas de estas personas habían retornado recientemente a sus territorios, tras largos periodos de desplazamiento en albergues de Buenaventura y Cali.

Sin embargo, la violencia volvió a alcanzarlos. En palabras de Marín, “la intensificación del conflicto armado durante lo ocurrido del 2025 ha provocado que las comunidades retornadas estén viviendo nuevamente la violencia”.

Los hechos documentados por la Defensoría estremecen: 40 confinamientos masivos, desplazamientos recientes como el de 46 familias de la comunidad de La Esperanza durante Semana Santa, homicidios selectivos, minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual. Todo ello, pese a las advertencias tempranas lanzadas por la Alerta 039 de 2023.

“Estas dos comunidades piden garantías para su retorno digno y seguro, no quieren volver a desplazarse”, enfatizó la defensora, que dejó en claro que una de las razones es el abandono institucional.

“Líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos ejercen su labor en medio de amenazas, estigmatización y una escasa presencia institucional”, dijo.

Los hechos más recientes que señaló Marín

Mientras tanto, en el Catatumbo la violencia se ensaña sin tregua. En la vereda 20 de Julio del municipio de Tibú, la noche del jueves 15 de mayo fue escenario de una tragedia: un dron arrojó artefactos explosivos sobre una vivienda, matando a un niño de 12 años e hiriendo a su madre, a cinco niños más y a tres adultos.

Aunque el Frente 33 de las disidencias se pronunció lamentando el hecho, su justificación resultó indignante. “Pidieron a las comunidades no dejar de utilizar las casas como escudo seguro de ningún actor armado”, señaló Marín.

Para la defensora, esta lógica es perversa y representa una grave violación al derecho internacional humanitario. “Esto demuestra que el Frente 33, al igual que lo hace permanentemente el ELN, irrespeta sistemáticamente el derecho internacional humanitario, especialmente el principio de distinción entre combatientes y civiles. Justifican su accionar despiadado señalando a la población civil de ser cómplices o simpatizantes de uno u otro grupo armado”.

El cuestionamiento de fondo es punzante: “¿Está el Frente 33 en camino hacia la paz y el desarme o está escalando la guerra contra el ELN tomando represalias contra la población civil?”, se preguntó Marín. Y remató: “Esto es inaceptable y extremadamente doloroso”.

Madres del Catatumbo exigen justicia frente a violencia armada

Estos hechos han generado un fuerte rechazo por parte de la comunidad, especialmente de las madres de la región, quienes han alzado su voz para condenar la violencia que afecta a sus familias y comunidades.

En un comunicado público, las madres del Catatumbo expresaron su dolor y preocupación por las consecuencias de la violencia en la zona.

“Cada hijo perdido, cada madre herida, cada vida truncada por la violencia es una herida abierta en el corazón de nuestra comunidad”, señalaron en su declaración.

Además, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas efectivas que garanticen la seguridad de sus familias y se haga justicia frente a los ataques.