El preacuerdo entre Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y principal implicado en el escándalo de corrupción al interior de la entidad, y la Fiscalía General de la Nación, fue rechazado por un juzgado de Bogotá. Según informó el tribunal, el acuerdo vulneraba principios fundamentales del debido proceso, lo que llevó a su declaración de improcedencia.
De acuerdo con la decisión judicial, la pena acordada en el preacuerdo, que consistía en seis años y dos meses de prisión, fue considerada insuficiente y contraria al principio de estricta tipicidad penal. Este principio exige que las penas sean proporcionales a los delitos cometidos, algo que, según el juzgado, no se cumplía en este caso. Además, el despacho señaló que el acuerdo no respetaba garantías básicas del sistema de justicia, lo que representaba un perjuicio no solo para las víctimas, sino también para la sociedad, el Estado colombiano e incluso para el propio procesado.
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El juez encargado del caso argumentó que, aunque la colaboración de López con la justicia es valiosa, ya existen mecanismos legales, como el principio de oportunidad, que permiten otorgar beneficios jurídicos a quienes colaboran en investigaciones judiciales. Por lo tanto, no era necesario recurrir a un preacuerdo que, en su opinión, resultaba desproporcionado y perjudicial para el sistema de justicia.
Con respecto a la decisión del juez, la defensa de López liderada por el abogado José Luis Moreno Caballero publicó un comunicado en el que rechazó la percepción de funcionario.
“La defensa técnica y jurídica del señor Olmedo López se permite alertar a la opinión pública y al país sobre las consecuencias jurídicas que conllevara el rechazo del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y su defendido, quien ha sido testigo clave delos hechos que: presenció. Por esta razón, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía cuando estalló el escándalo de corrupción relacionado con una estructura criminal que habría involucrado a «congresistas, altas dignidades del Estado, contratistas y funcionarios públicos”, puntualizó la misiva”.
Y agregó: “El señor Olmedo López no guardó silencio, ni parcial ni total, optó por actuar con valentía y colaborar decididamente con la administración de justicia, a pesar del riesgo que esta decisión ha representado para su vida”.
En el comunicado, el togado sostuvo que la decisión va en contra de los fundamentos de la justicia colombiana, por lo que espera que el tribunal considere los argumentos de la apelación presentada para revocar el rechazo del preacuerdo.
“Pese a las circunstancias adversas, la defensa confía en que el honorable Tribunal acogerá los argumentos expuestos en la apelación presentada, los cuales fueron respaldados por la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público, Todos coinciden en que la decisión de improbación desconoce los fines y principios fundamentales de la justicia premial, entendida como una herramienta esencial dentro de la política criminal del Estado colombiano”, destacó el abogado defensor.
Desde la perspectiva de Moreno Caballero, en caso de que no se revoque la decisión del juez, a lo único que conllevaría es evitar que los colombianos conozcan la verdad sobre el entramado de corrupción. Así como, proteger a los altos mandos vinculados con el cónclave en el que se robaron multimillonarios recursos para llevar a agua a La Guajira.
“Es importante resaltar que la negativa a aprobar el preacuerdo, basada en una supuesta “pena irrisoria”, no solo minimiza el valor de la justicia premial como un mecanismo eficaz en la lucha contra la corrupción, sino que también priva al país del acceso a una verdad plena sobre: uno delos casos de corrupción más graves y estructurales dela historia reciente de Colombia. Negar este preacuerdo es castigar la colaboración y se favorece la impunidad de los más poderosos”, resaltó.
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