Fiscalía pidió a un juez aprobar un preacuerdo con Olmedo López: el exdirector de la Ungrd regresó más de $700 millones

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación que contempla una condena de seis años, dos meses y siete días de prisión, tras aceptar su responsabilidad en un caso de corrupción que ha sacudido al alto gobierno.

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López, que en su momento estuvo cercano al círculo presidencial, además de ser un exintegrante del M-19, reconoció su culpabilidad en tres delitos, entre ellos, peculado por apropiación, y se comprometió a reparar a la sociedad mediante la devolución del dinero sustraído.

Según explicó la Fiscalía en audiencia ante un juez especializado, el exfuncionario consignó 724 millones de pesos en depósitos judiciales como parte del monto apropiado indebidamente.

“Teniendo en cuenta que antes de la celebración de la audiencia de verificación de preacuerdo Olmedo de Jesús López consignó a la cuenta de la Fiscalía, la suma de 724 millones de pesos que corresponden al incremento patrimonial, obtenido por él con la conducta de peculado por apropiación en favor de terceros”, indicó el fiscal del caso.

De acuerdo con lo que publicó Semana, la acusación señala que López, en coordinación con Luis Carlos Barreto y César Manrique, modificó en julio de 2023 un convenio entre el Fondo de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras con el objetivo de reducir su valor en 100.000 millones de pesos.

Esto habría permitido redirigir los recursos sobrantes, facilitando su apropiación indebida.

“Usted, señor Olmedo de Jesús López, desde julio de 2023, gestionó con Luis Carlos Barreto y César Manrique la modificación del convenio celebrado entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de reducir su valor en 100.000 millones de pesos, generar y trasladar los recursos restantes”, detalló la Fiscalía, citada por el medio nacional.

Como parte del acuerdo, se le impuso también una multa e inhabilidad para ejercer funciones públicas. La pena privativa de libertad fue reducida en un 40 % gracias a la colaboración de López con las investigaciones, que ha permitido avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades penales de otros implicados.

“La Fiscalía otorga el descuento del 40% de la pena en consideración a la calidad de información y su eficacia brindada por el imputado, a efectos de continuar con el esclarecimiento de los hechos y lograr las declaraciones de responsabilidad penal de otros actores en la investigación”, explicó el ente acusador.

Juez rechazó el preacuerdo

No obstante, el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue rechazado este viernes por el juez quinto penal del Circuito de Bogotá.

La decisión se tomó al considerar que la propuesta de condena no se ajustaba a la gravedad de los hechos imputados, relacionados con uno de los mayores escándalos de corrupción en la actual administración.

El exfuncionario, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, había pactado con la Fiscalía una condena de seis años, dos meses y siete días de prisión, una multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos, además de la devolución de 724 millones de pesos.

Este monto, según el ente acusador, ya había sido consignado en depósitos judiciales como parte de su compromiso de reparación.

“Teniendo en cuenta que antes de la celebración de la audiencia de verificación de preacuerdo Olmedo de Jesús López consignó a la cuenta de la Fiscalía, la suma de 724 millones de pesos que corresponden al incremento patrimonial, obtenido por él con la conducta de peculado por apropiación en favor de terceros”, indicó el fiscal durante la audiencia.

Sin embargo, según conoció el medio, el juez consideró que el acuerdo no era proporcional frente a los hechos. Particularmente, señaló que las víctimas del entramado de corrupción —como las comunidades indígenas de La Guajira— son poblaciones en condiciones de especial protección, y por tanto no se podía justificar una pena tan baja.