En medio del escándalo por el millonario entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, rechazó categóricamente la recusación presentada en su contra por el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.
La solicitud buscaba apartarla del caso bajo argumentos de supuesta falta de imparcialidad y vínculos políticos con miembros del actual Gobierno nacional.
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A través de una resolución de siete páginas, fechada el 13 de mayo de 2025, Camargo dejó en claro que no tiene participación directa en la investigación que adelanta la Fiscalía sobre los hechos de corrupción en la Ungrd, y que los fiscales encargados del caso actúan con plena autonomía e independencia, conforme al principio de separación funcional que rige a la entidad.
“Desde el mismo momento de mi posesión como Fiscal General de la Nación se ha reiterado que las decisiones investigativas y procesales son tomadas autónomamente por cada uno de los fiscales, quienes actúan como titulares de la acción penal pública”, afirmó Camargo en el documento.
Además, aclara que “esta fiscal general no lidera la investigación relacionada con los hechos materia de la recusación, ni tiene injerencia en las decisiones que se adopten en el proceso”.
Acusaciones por presunta cercanía política
La recusación presentada por Pablo Bustos, que actúa como representante de víctimas en el caso, se sustenta en la supuesta cercanía entre la fiscal general y figuras del Gobierno nacional, así como con personas implicadas o mencionadas en la investigación. En declaraciones a la revista Semana, Bustos aseguró que existen “pruebas y testimonios” que demostrarían una presunta parcialidad de Camargo.
Entre sus argumentos, Bustos señaló que “la vinculación procesal de personas que guardan relación directa o indirecta con personas cercanas e integrantes del Gobierno nacional, que efectuó la imputada Sandra Ortiz, en su calidad de ex consejera presidencial, denota especial relevancia en su cuestionada postulación a título de ternada para su elección como fiscal general”.
También hizo énfasis en la relación de Camargo con el actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladímir Fernández, que fue secretario jurídico de la Presidencia antes de su nombramiento. Según Bustos, este vínculo previo constituye una “enemistad grave” con algunos de los implicados, y comprometería la objetividad de la fiscal general.
“La cercanía de la señora fiscal General de la Nación haría explicable e insólito y, por qué no decir, ‘caprichoso’ el manejo de los principios de oportunidad e instrumentación de la Fiscalía General de la Nación frente al macro caso de corrupción”, agregó Bustos.
La respuesta de Camargo: “No hay elementos objetivos que comprometan mi imparcialidad”
Ante estos señalamientos, la fiscal fue enfática en señalar que las afirmaciones de Bustos no contienen fundamentos jurídicos que permitan inferir un interés personal suyo en el curso del proceso.
“No se han allegado elementos objetivos que permitan concluir que la suscrita tenga un interés directo o indirecto en el trámite del asunto”, indica la resolución, y añade que “el ejercicio de funciones constitucionales y legales por parte de esta funcionaria no puede considerarse, de ninguna manera, como una causal de recusación”.
Además, Camargo recordó que su nombramiento fue hecho conforme a la Constitución y a la ley, por medio de una terna presentada por el presidente Gustavo Petro, pero votada y elegida por la Corte Suprema de Justicia. Esta circunstancia, señala, no puede ser utilizada como argumento para cuestionar su capacidad de actuar con independencia.
El caso de las Ungrd ha destapado una de las tramas de corrupción más escandalosas de los últimos años en Colombia. Se investiga el presunto desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias, en el que estarían involucrados altos funcionarios y contratistas.
Uno de los nombres más relevantes es el de Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, que fue imputada por la Fiscalía por presunta participación en el entramado. Sin embargo, el pronunciamiento de Luz Adriana Camargo se da en un momento clave, cuando el ente acusador avanza en la judicialización de los presuntos responsables.
Mientras tanto, la recusación pasará ahora al análisis de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, que deberá determinar si hay mérito para aceptarla, aunque todo indica que la fiscal general no será apartada del caso, al menos no por los argumentos expuestos hasta ahora conforme a la ley.
A continuación, la respuesta completa a la recusación en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo:
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