César Gaviria, tras el hundimiento de la consulta popular, anunció que liderará la construcción de la reforma laboral: “El Congreso debe devolverles las horas extras y los feriados a los trabajadores colombianos”

César Gaviria, expresidente de Colombia (1990-1994) y presidente del Partido Liberal, se pronunció luego de que el Senado de la República archivara la consulta popular, iniciativa del presidente Gustavo Petro que nació con el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.

A través de las redes sociales de la colectividad, el exmandatario colombiano afirmó que ahora los sectores políticos deben centrarse en los trabajadores y generar más empleos en Colombia. Asimismo, indicó que liderará la construcción de la reforma laboral.

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“Hundida la consulta politiquera con la que querían gastarse un billón de pesos,el Congreso debe devolverles las horas extras y los feriados a los trabajadores colombianos”, indicó César Gaviria.

El Partido Liberal lidera una alternativa a la reforma laboral del Gobierno nacional, de hecho, el senador de la colectividad, Miguel Ángel Pinto, votó negativamente la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.

Sobre el proceso legislativo, Pinto explicó que el Congreso ha realizado múltiples audiencias públicas y mesas técnicas para debatir las reformas, en particular la reforma laboral y la reforma de salud.

“El Gobierno ni siquiera hace presencia, ellos quieren imponer un texto. Los que no son demócratas son los del Gobierno, que no quieren debatir ni discutir”, indicó Pinto a El Tiempo, enfatizando la falta de disposición del Ejecutivo para dialogar.

Pinto cuestionó la viabilidad de la consulta, advirtiendo que, en su opinión, es una maniobra política del presidente para ganar terreno en una campaña electoral anticipada.

“Las preguntas están muy mal diseñadas, son muy ambiguas, no dicen nada, no conducen a ninguna parte”, señaló Pinto.

Además, criticó el hecho de que el Ejecutivo está utilizando presuntamente recursos públicos para financiar lo que él consideró una campaña política.

Antes de la votación de la consulta popular, el Partido Liberal difundió una imagen en la que calificó la iniciativa del presidente Gustavo Petro como una “consulta populista”. En la publicación se incluyeron expresiones como “corrupción, despilfarro, burla a los trabajadores, no vinculante, politiquería”, así como la frase “un billón de pesos a la caneca”, en referencia al costo estimado del proceso.

El expresidente César Gaviria consideró que se trataba de una medida inconveniente y una decisión equivocada por parte del Gobierno.

El senador liberal Mauricio Gómez también manifestó su rechazo a la propuesta. Argumentó que los recursos destinados a la consulta podrían haberse invertido en prioridades como el pago de subsidios de energía para los estratos más bajos, el fortalecimiento de programas de vivienda o el apoyo a regiones con necesidades críticas.

En sus declaraciones, cuestionó la actitud del presidente Petro frente a las instituciones democráticas, al señalar que reaccionaba de forma hostil cuando las decisiones no favorecían sus iniciativas. “Esa es la democracia, esas son las instituciones que tiene que respetar”, afirmó.

Gómez también negó las versiones según las cuales algunos congresistas habrían condicionado su apoyo a la consulta al otorgamiento del Ministerio de Comercio, y aseguró que no tenía conocimiento de ningún acuerdo en ese sentido.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, advirtió sobre posibles presiones por parte del Ejecutivo. En el programa El Debate de Semana, señaló que el nombramiento de la ministra Morales, respaldada por un sector del Partido Liberal, podría haber sido parte de una estrategia para influir en el resultado de la votación.

Motoa sostuvo que incluso el ministro del Interior había admitido que el Gobierno se jugaba una “minirreelección”.

Desde la Presidencia, en contraste, se defendió la consulta como una vía legítima para permitir que la ciudadanía participara en temas clave como la reforma laboral. Según el Ejecutivo, la medida buscaba respaldo popular para reformas orientadas a mejorar las condiciones de los trabajadores. Finalmente, el Senado votó y archivó la iniciativa.