“Epa y miles de presos estarían libres”: Petro propone justicia restaurativa tras negativa de casa por cárcel a la empresaria

En medio del desarrollo judicial que involucra a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, por el proceso judicial que enfrenta la influenciadora desde 2019, cuando fue captada en video destruyendo elementos del sistema de transporte TransMilenio durante una jornada del paro nacional, el presidente Gustavo Petro hizo pública su postura sobre el tema a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que relaciona el caso con la necesidad de avanzar en el país hacia un modelo de justicia restaurativa.

El mandatario escribió en su cuenta de X: “Si la justicia fuese restaurativa EPA y miles de presos estarían libres. Y las hijas si estarían junto a sus madres. En el Congreso de la República se encuentra el proyecto de justicia restaurativa”.

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La declaración se registró después de que se conociera la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, el cual rechazó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa de Barrera Rojas, por lo que deberá continuar cumpliendo su condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde permanece privada de la libertad desde hace varios meses.

La empresaria fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a una pena de cinco años y tres meses de prisión. La sentencia se originó tras la publicación de varios videos en los que se le observa destruyendo torniquetes del transporte público en la capital, hechos por los cuales fue hallada responsable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación del servicio de transporte público.

En su más reciente intento por obtener un beneficio judicial, la defensa de Barrera presentó una solicitud de prisión domiciliaria, argumentando que la condenada es madre cabeza de familia y que su presencia en el hogar es indispensable para la manutención y el cuidado de su hija menor de un año.

Sin embargo, el tribunal determinó que la solicitante no cumple de manera estricta con los requisitos exigidos por la legislación colombiana para acceder a este tipo de medida. En su fallo, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas expresó que “si bien Daneidy Barrera Rojas es la progenitora de la menor, ello no la convierte en madre o mujer cabeza de familia para los efectos que pretende en su petición”, señalando que no se evidenció la ausencia ni la incapacidad física, sensorial, psíquica o moral de otros miembros del núcleo familiar que pudieran hacerse cargo de la niña.

El argumento legal presentado se ampara en la Ley 1232 de 2008, que define los parámetros bajo los cuales una mujer puede ser considerada madre cabeza de hogar con derecho a recibir prisión domiciliaria.

Según dicha normativa, para ser beneficiaria de esta figura judicial es necesario demostrar que se tiene la responsabilidad exclusiva del cuidado de los hijos y que no se cuenta con redes de apoyo que permitan suplir esa función durante el tiempo de privación de la libertad. En este caso específico, el despacho judicial concluyó que la solicitud no cumplía con los criterios establecidos, y, por tanto, negó la petición.

Frente a la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a una opción distinta en el ámbito penal que es discutida en diversos espacios legislativos y jurídicos del país, la cual propone reemplazar el modelo tradicional de justicia por un enfoque restaurativo.

La justicia restaurativa, mencionada por el presidente, sugiere una visión del derecho penal centrada en la reparación del daño, la reconciliación entre víctima y victimario, y la reintegración del condenado a la sociedad. Este modelo contrasta con el enfoque retributivo que predomina en el sistema judicial colombiano, donde las penas privativas de la libertad son aplicadas como respuesta al incumplimiento de la ley, incluso en casos en los que se presentan circunstancias familiares complejas.

Actualmente, en el Congreso de la República cursa un proyecto relacionado con la implementación de mecanismos de justicia restaurativa, aunque hasta el momento no ha sido aprobado ni reglamentado.