Hay nuevos detalles sobre la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.
El Ministerio del Trabajo, que lidera Antonio Sangunio, informó, por medio de X, que ya se expidió el Decreto 0514 de 2025, que reglamenta y organiza las normas del nuevo sistema contemplado en la norma.
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Según la cartera, este es “un paso clave hacia la universalización de la protección social, con pilares que garantizan cobertura digna para todas y todos en Colombia”.
Al respecto, el ministro Sanguino se mostró satisfecho con lo logrado hasta ahora. También por medio de la red social dijo que “hoy celebramos el gran avance para la implementación de nuestra ley pensional”.
Y agregó que con este nuevo documento se profiere el Decreto Único Reglamentario del sistema de protección a la vejez, invalidez y muerte.
Explicó que “desde ya contamos con la operatividad para que todos/as accedan a una vejez digna, con pilares solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario”.
Exactamente, el sistema de pilares al que se refiere Sanguino es el siguiente:
- 1. Pilar solidario: dirigido a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad y quienes han perdido su capacidad laboral.
- 2. Pilar semicontributivo: para personas que no cumplen los requisitos para una pensión contributiva, pero han cotizado al sistema (entre 300 y 1000 semanas).
- 3. Pilar sontributivo: el sistema principal, dividido en una parte pública (Prima Media) y otra privada (Componente Complementario de Ahorro Individual).
- 4. Pilar de ahorro voluntario: permite a los individuos complementar su pensión a través de ahorros adicionales.
Corrupción en el trámite de la reforma pensional
La nueva información sobre la reforma pensional se da en medio del escándalo de corrupción que tiene al expresidente del Senado Iván Name y al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle tras las rejas, ya que habrían recibido $4.000 millones, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para aprobarla.
La Corte Constitucional investiga si el proceso legislativo que dio lugar a esta reforma estuvo influenciado por irregularidades, además de las demandas ya existentes que cuestionan su constitucionalidad por presuntos vicios de forma y fondo.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional y encargado de evaluar la constitucionalidad de la reforma, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia copias de diversos testimonios e investigaciones que podrían arrojar luz sobre las acusaciones. Entre los documentos requeridos se encuentran las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, respectivamente. Además, se incluyó la documentación que llevó a la medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones del Gobierno.
Declaraciones clave
El magistrado también solicitó testimonios de varios congresistas que forman parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, entre ellos Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Las declaraciones podrían ser clave para determinar si hubo irregularidades en el proceso legislativo de la reforma pensional.
Por otro lado, la Corte requirió información de exfuncionarios del Ministerio de Hacienda, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y del Gobierno nacional. Entre los nombres mencionados se encuentran Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la Agencia de Inteligencia; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Pedro José Castro, exsenador. Estos testimonios buscan esclarecer si existieron presiones indebidas o actos de corrupción que afectaran el trámite de la reforma.
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