Más de cien víctimas de los denominados “falsos positivos” se congregaron en la Universidad de Antioquia para exigir celeridad en el proceso judicial que se adelanta en Argentina contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
Según informó la denuncia presentada en noviembre de 2023 en Buenos Aires, Argentina, el exmandatario es señalado como presunto responsable de permitir, autorizar o promover al menos 6.112 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, durante su mandato presidencial.
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De acuerdo con la querella, estos crímenes, conocidos como falsos positivos, habrían seguido un patrón sistemático en el que civiles fueron asesinados y posteriormente reportados como combatientes caídos en enfrentamientos con el Ejército Nacional de Colombia.
El caso, que ha generado gran atención internacional, se encuentra bajo la jurisdicción de la justicia argentina, que el 3 de julio de 2024 reconoció formalmente como víctimas a tres colectivos: familiares de las personas ejecutadas, víctimas aún no identificadas y tres organizaciones defensoras de derechos humanos.
Este reconocimiento les otorga el derecho de participar activamente en el proceso, presentar pruebas y solicitar medidas para esclarecer los hechos.
El fiscal argentino Carlos Stornelli, quien lidera la investigación, solicitó al juez encargado del caso avanzar en la recolección de pruebas.
Según publicó la denuncia, la justicia argentina también pidió información a las autoridades colombianas sobre la existencia de investigaciones en curso contra Uribe.
En abril de 2024, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió que no hay procesos abiertos contra el expresidente en su jurisdicción, lo que ha generado preocupación entre las víctimas y sus representantes legales.
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La denuncia presentada en Argentina se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales de un país investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en otro territorio, cuando las autoridades locales no han tomado medidas efectivas.
Este principio ha sido clave para que las víctimas busquen justicia fuera de Colombia, donde consideran que los procesos judiciales han sido insuficientes o inexistentes.
Durante la reunión en la Universidad de Antioquia, los asistentes reiteraron su llamado a que se aceleren las investigaciones y se garantice justicia para las víctimas.
Según consignó la denuncia, los familiares de las personas ejecutadas han enfrentado años de impunidad y silencio, lo que ha llevado a muchos a buscar alternativas legales en el ámbito internacional.
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Las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan el caso han señalado que este proceso representa una oportunidad histórica para visibilizar la magnitud de los crímenes y establecer responsabilidades.
El caso de los falsos positivos ha sido uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de Colombia.
Según diversas investigaciones, las ejecuciones extrajudiciales habrían sido incentivadas por un sistema de recompensas dentro de las fuerzas armadas, que premiaba a los soldados por el número de bajas reportadas en combate.
Este esquema habría llevado a la muerte de miles de civiles inocentes, quienes fueron presentados como guerrilleros abatidos para inflar las estadísticas de éxito militar.
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La querella contra Álvaro Uribe en Argentina busca determinar si el expresidente tuvo conocimiento de estas prácticas y si, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, permitió o promovió su ejecución.
Aunque Uribe ha negado en repetidas ocasiones cualquier responsabilidad en estos hechos, el proceso judicial en Argentina podría abrir una nueva etapa en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
El desarrollo de este caso será seguido de cerca tanto en Colombia como en el ámbito internacional, dado su potencial impacto en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los derechos humanos.
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