Consulta popular se realizaría en agosto o septiembre de 2025, si el Senado lo aprueba, aseguró el registrador Hernán Penagos

Durante la sesión de la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral en el Congreso de la República, realizado el miércoles 7 de mayo de 2025, el registrador nacional Hernán Penagos dio detalles sobre el costo y la fecha en la que se realizaría la consulta popular, promovida por el presidente Gustavo Petro, y que se encuentra en discusión por el Senado de la República.

Frente a ello, el funcionario aseguró que está al tanto de la decisión que tendrá la Cámara alta frente a la iniciativa gubernamental, aunque advirtió que, en caso de que fuera avalada por el legislativo, este mecanismo de participación ciudadana estaría programada para los tres meses siguientes a la fecha de la decisión final de los senadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Es decir, si el Senado avala la proposición en mayo de 2025, la consulta popular se estaría llevando a cabo a finales de agosto o inicios de septiembre del año en curso. “Si se aprueba la consulta o transita de manera favorable por parte del Senado, tendrá que fijarse una fecha dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la decisión por parte del Senado y tendrá que ser en una fecha diferente a cualquier otro proceso electoral”, declaró Penagos.

De igual manera, el registrador nacional reveló que el costo de la consulta popular, estaría alrededor de los 750.000 millones de pesos, cifra que, para el directivo, es similar a los montos establecidos para las consultas interpartidistas que se desarrollarán en el mes de octubre.

“El costo de una consulta interpartidista, que es el 26 de octubre, está por el orden de los 700.000-750.000 millones de pesos, más o menos una cifra semejante al costo de la consulta popular. Es una consulta en las que hay que llamar a los 40 millones de personas, voten 3 o voten 4 millones, hay que preparar logística para los 40 millones de ciudadanos”, indicó.

Incluso, recordó casos anteriores en los que la participación en consultas populares fue limitada, con cifras que rondaron entre 400.000 y 500.000 votantes. Frente a esta realidad, Penagos expresó su preocupación por el costo-beneficio de estos ejercicios democráticos. “A veces dice uno, pero una consulta para que voten como ocurrió de pronto en el pasado 400 o 500.000 personas (...) pero la Registraduría no puede sustraerse”, señaló.

En cuanto a posibles medidas para reducir los costos asociados a la consulta, Penagos mencionó que la Registraduría evalúa aprovechar recursos de elecciones anteriores. Entre las estrategias consideradas se encuentra la reducción del número de mesas de votación y la reutilización de materiales ya existentes. “Bajamos el número de mesas y destinamos más votantes por mesa para ahorrar, porque cada mesa a nosotros nos cuesta”, aseveró.

Otras advertencias del registrador sobre la consulta popular

Esta no ha sido la única vez que el registrador Hernán Penagos ha planteado varios interrogantes sobre la realización de la consulta popular.

En un evento realizado por Cambio, el funcionario advirtió que, de realizarse el proceso electoral en el año en curso, este no debería cruzarse con otros comicios que ya están agendados por la entidad electoral a desarrollarse para el periodo en mención.

“Esto no es posible. La ley 1757 (2015) señala claramente que no es posible que esa consulta se convoque con otro mecanismo o ejercicio electoral. En tres años, prácticamente Colombia estaría en permanente ejercicio electoral”, dijo Penagos.

De igual forma, el registrador enfatizó que la realización de una consulta popular en paralelo con elecciones generales podría generar complicaciones tanto en la logística electoral como en la comprensión de los ciudadanos sobre los temas sometidos a votación.

Además, Penagos subrayó que la coincidencia de fechas podría afectar la capacidad operativa de los organismos encargados de garantizar el desarrollo adecuado de los comicios. Esto incluye desde la impresión de material electoral hasta la disposición de los jurados de votación y la infraestructura necesaria para atender a los votantes.