El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se expresó tras el llamado a juicio en su contra en la Corte Suprema por el carrusel de la contratación

Un día después de que se conociera el auto de la Corte Suprema de Justicia en el que fijó el 26 de mayo de 2025 como la fecha para que el alto tribunal lleve a cabo la audiencia de acusación contra el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el funcionario apareció públicamente en sus redes sociales para referirse a la decisión.

En un escueto mensaje, el jefe de cartera mostró su tranquilidad frente al proceso y defendió su inocencia a través de un antiguo refrán usado en todo el territorio nacional.

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“‘El que nada debe, nada teme’, enseña la sabiduría popular. Fin del comunicado”, fueron las únicas palabras del ministro de Defensa en su cuenta oficial. Asimismo, anunció que su equipo legal tiene previsto presentar solicitudes de nulidad y preclusión durante el desarrollo del proceso.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia se toma como parte del proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación. Según los documentos oficiales, la investigación busca esclarecer los presuntos actos de tráfico de influencias cometidos por Sanguino cuando fue concejal de Bogotá en el año 2008.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación al alto tribunal, Sanguino habría ejercido presiones para lograr el nombramiento de Liliana Patricia Paternina como gerente del Hospital de Usme.

Según el escrito de acusación, este nombramiento tenía como objetivo garantizar el control de los procesos de contratación de la institución, incluyendo la adjudicación de un contrato para la construcción y equipamiento de una nueva sede del hospital.

“Propósito que tenía una sola finalidad, la de tener el control del citado hospital, especialmente, de la contratación que este debía adelantar; actuando por fuera del deber que tenía como servidor público de proceder con transparencia e imparcialidad para servir a la comunidad que lo eligió”, se lee en el documento de acusación.

El contrato en cuestión habría sido adjudicado a una empresa bajo el control de Gómez, según señala la Fiscalía. Además, el acuerdo incluyó una presunta comisión ilícita equivalente al 10% del valor total de la obra, lo cual, de confirmarse, constituiría un beneficio ilegal derivado de los actos de influencia política.

La audiencia será dirigida por el magistrado Jorge Emilio Caldas, miembro de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esta instancia es la encargada de procesar al ministro, debido al fuero que ostenta como funcionario en ejercicio.

En el auto emitido el 5 de mayo, se detalló que el proceso contará con fiscales de apoyo y apoderados suplentes con el fin de garantizar la participación plena de todas las partes y evitar posibles retrasos en el desarrollo del caso.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los actos imputados habrían ido en contra de los principios éticos que rigen el comportamiento de los servidores públicos, afectando la transparencia y la imparcialidad. Estos presuntos delitos habrían generado beneficios particulares en detrimento de la comunidad. “Estas conductas buscaban favorecer intereses particulares en detrimento de la comunidad que debía servir”, sostiene el texto oficial.

A la espera de la audiencia de acusación, la Corte Suprema de Justicia ha instado a las partes a hacer uso de los mecanismos adecuados para garantizar una participación ordenada y eficiente. Además, en correspondencia con el alcance de la investigación, Sanguino deberá comparecer ante el tribunal en compañía de su abogado defensor, según lo establece el procedimiento en casos que involucren a altos funcionarios públicos.