
En los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, las dinámicas del conflicto han tomado una nueva dirección.
Las disidencias de las Farc y el ELN ya no recurren a combates directos contra la fuerza pública; en cambio, han adoptado una estrategia basada en explosivos, generando un impacto devastador en las comunidades y el personal militar.
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De acuerdo con información de inteligencia consultada por la Revista Semana, los componentes usados para fabricar estos artefactos no provienen exclusivamente del país. Las rutas de abastecimiento incluyen a Ecuador y Perú, lo cual ha dificultado el control por parte de las autoridades nacionales.
El ingreso constante de estos materiales ha permitido a los grupos armados ampliar sus capacidades ofensivas.
El brigadier general Francisco Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, detalló cómo esta transformación en las tácticas ha modificado la manera de enfrentar al Estado. “Ellos han encontrado en los explosivos un método rentable y de bajo riesgo para atacar a nuestras tropas. Ya no necesitan mover estructuras armadas, ni arriesgar a los hombres. Un sólo criminal, en chancletas y sentado en una silla plástica, puede lanzar un dron con explosivos desde kilómetros de distancia y matar soldados”, afirmó el oficial.
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Durante los primeros tres meses de 2025, las fuerzas militares han desactivado 466 artefactos explosivos improvisados (AEI) en esta región. Esa cifra representa más del 50 % del total incautado en todo 2024, lo que revela un incremento significativo de esta amenaza. Según el comandante Mejía, este fenómeno está directamente relacionado con el avance militar en territorios antes dominados por actores ilegales. “Este incremento coincide con nuestra entrada a territorios que durante años estuvieron vedados para el Estado. A medida que avanzamos, ellos responden con explosivos, minas, alarmas por radiofrecuencia y celulares”, indicó.
Otro aspecto que preocupa al Ejército es la participación de menores de edad en labores relacionadas con explosivos. Mejía denunció que los grupos ilegales los entrenan por su condición jurídica. “Los entrenan, los manipulan. Los prefieren porque si son capturados, el sistema judicial es débil con ellos. Los devuelven a la calle en semanas, sin una verdadera sanción”, explicó. Mencionó además el caso de alias Karina, identificada como entrenadora de niños y niñas para el manejo de explosivos. “Es más difícil judicializar a una menor de edad, y si además no porta un arma, se complica más aún. No hay dónde recluirlas. No hay centros adecuados. Así abusan del sistema”, agregó.
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Las labores de los equipos antiexplosivos se han intensificado, aunque, según Mejía, estos soldados no reciben ningún incentivo económico adicional pese al riesgo que enfrentan. “Son verdaderos héroes anónimos. Tienen que tener nervios de acero, manipulan explosivos con sus manos para salvar comunidades enteras, pero no tienen ningún reconocimiento económico adicional por eso”, señaló.
El Ejército ha concentrado sus acciones en puntos críticos como Argelia, Jamundí, el cañón del Micay y zonas de Nariño, con la operación Perseo II sumando 500 hombres para enfrentar al frente José María Becerra del ELN y a estructuras de la Segunda Marquetalia.
“Los espacios de negociación que se han abierto les han servido para organizarse y fortalecerse. Por eso, mientras no haya resultados concretos, las operaciones militares deben intensificarse”, concluyó el general Mejía.
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