ONU denunció nuevos casos de reclutamiento de menores y amenazas a líderes sociales de Meta y Guaviare

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y el Secretariado Nacional de Pastoral Social manifestaron su preocupación ante la crisis humanitaria que se presenta en la región de Ariari-Guayabero, ubicado entre los departamentos del Meta y Guaviare.

En un comunicado, la organización destacó que, en lo que va del año 2025, se han registrado graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y amenazas contra líderes sociales y docentes.

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Además, el organismo internacional denunció que los grupos armados están ejerciendo un control coercitivo sobre las comunidades locales, violando tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario.

“Llamamos a grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos y el #DIH en el Ariari-Guayabero. Estos grupos presionan a la población civil, extorsionan, amenazan y reclutan niñxs (sic). Nos unimos al llamado de Pastoral Social”, declaró la ONU en el comunicado publicado en las redes sociales.

A su vez, Naciones Unidas revelaron que, durante el año en curso, “documentamos graves vulneraciones como: restricciones a la movilidad de la población, 23 casos de reclutamiento, uso y utilización de niñxs en #Meta y #Guaviare, amenazas a líderxs y defensorxs y a docentes, así como amenazas a las escuelas”.

De igual manera, la oficina de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamado al Gobierno colombiano para implementar medidas que garanticen el bienestar y la seguridad de esta población del oriente colombiano. “Urgimos a las autoridades estatales en todos sus niveles a implementar de manera coordinada las acciones preventivas frente a las acciones violentas de los grupos armados no estatales y a activar de manera pronta y eficiente mecanismos para proteger a la población civil”, indicó la entidad.

Este pronunciamiento se suma al realizado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, que también ha advertido sobre la gravedad de la situación en la región.

El padre Mauricio Alejandro Rey Sepúlveda, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, describió en un video la difícil realidad que enfrentan los habitantes de municipios como Puerto Rico, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y El Castillo (oriente de Colombia).

“El Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana, expresa su profunda preocupación por la grave crisis humanitaria en la región del Ariari Guayabero (Meta) donde grupos armados al margen de la ley han cometido sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho internacional humanitario, incluyendo el reclutamiento de menores, la restricción a la movilidad, extorsiones económicas y el control coercitivo de las juntas de acción comunal”, dijo el líder religioso en un video publicado en las redes sociales.

Igualmente, Rey advirtió que las comunidades están siendo sometidas a restricciones de movilidad, extorsiones económicas y control de sus organizaciones comunitarias por parte de grupos armados identificados como disidencias de las Farc y la autodenominada Segunda Marquetalia. Estas acciones, señaló, han generado un ambiente de temor y vulnerabilidad entre los pobladores.

“En Puerto Rico, Meta, durante la tercera semana de abril del presente año (2025), las disidencias de las Farc-EP bajo el mando de alias Calarcá, ordenaron el cierre forzado de comercios y la prohibición del transporte terrestre y fluvial en el río Ariari. Simultáneamente, el grupo armado organizado residual Gaor autodenominado Segunda Marquetalia, ha ocupado instalaciones educativas, exigiendo a la población campesina que proporcione alojamiento y alimentación a sus integrantes, exponiendo a civiles a riesgos graves”, denunció.

El reclutamiento de menores es uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis. Tanto la ONU como la Iglesia Católica han enfatizado la necesidad de proteger a los niños y niñas de ser utilizados en actividades armadas, una práctica que constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional.

“En varios municipios del Meta, incluyendo Puerto Rico, Uribe y Mesetas, se han documentado situaciones preocupantes donde grupos armados identificados como disidencias de las Farc estarían involucrando a menores de edad en actividades propias del conflicto armado, incluyendo posibles casos de reclutamiento”, expresó Alejandro Rey.

Por último, la Pastoral Social aseveró que es fundamental que las autoridades colombianas y la comunidad internacional actúen de manera decidida para frenar las acciones de los grupos armados y proteger a las poblaciones vulnerables.

“Pedimos mantener condiciones que permitan el libre desplazamiento de la población, así como el normal desarrollo de sus actividades económicas y organizativas, autonomía de las organizaciones comunitarias. Recomendamos abstenerse de ejercer presiones sobre las Juntas de acción comunal y otros liderazgos comunitarios, respetando así su carácter civil y neutral”, concluyó.