La JEP y Gobierno nacional firmaron un acuerdo para fortalecer y ejecutar sanciones a los responsables de conflicto armado

El 30 de abril, mediante el Acuerdo 001 de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció una ruta de coordinación interinstitucional destinada a garantizar la implementación de las sentencias emitidas por este tribunal.

Este acuerdo, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado, busca materializar proyectos restaurativos que permitan cumplir con las sanciones propias y las medidas de reparación impuestas, con el objetivo de “reparar los daños sufridos por las víctimas, comunidades y territorios afectados por el conflicto armado en Colombia”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El documento se firmó en el desarrollo de la Instancia de Articulación, un mecanismo creado hace dos años que reúne a la JEP, diversas entidades gubernamentales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubdp).

“Esta instancia tiene como objetivo avanzar en la definición de las condiciones que permitan el cumplimiento de las sanciones propias que deberán cumplir los máximos responsables que aporten verdad plena y reconozcan responsabilidad”, se detalló en el comunicado del Ministerio de Justicia.

Se trata de una hoja de ruta que se ejecutará en tres fases: identificación, impulso y materialización. En la primera etapa, se recopilarán y registrarán planes, programas y proyectos con enfoque restaurativo promovidos por la JEP y el Gobierno nacional.

La fase de impulso se centrará en garantizar la viabilidad técnica y financiera de estas iniciativas, asegurando su compatibilidad con las decisiones judiciales y las políticas públicas del Estado.

Finalmente, en la fase de materialización, se ejecutarán las sanciones propias y las medidas de reparación conforme a las órdenes emitidas por la magistratura.

Durante la firma del acuerdo, estuvieron presentes el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez, y representantes del Gobierno como la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Diana Carolina Flórez Bayona, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, que preside la Instancia de Articulación.

“Contar con directrices claras sobre este proceso es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas, brindar seguridad jurídica a los comparecientes y terminar de consolidar el enfoque restaurativo de la justicia transicional, orientado a restituir los derechos vulnerados, contribuir a las garantías de no repetición y allanar el camino hacia la paz”, recalcó el comunicado.

Cabe señalar que, el 22 de abril, la JEP firmó un memorando de entendimiento con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el respaldo del Gobierno, para ejecutar las sanciones propias que serán emitidas próximamente contra los máximos responsables de crímenes graves.

Este memorando incluyó la creación de la subcuenta “Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas - ARN” del Fondo Colombia en Paz, destinada a financiar acciones restaurativas y comunitarias derivadas de las sanciones propias.

Según informó la JEP, se destinarán $50.000 millones para proyectos restaurativos dirigidos a exmiembros del Secretariado de las Farc imputados por secuestro y a miembros de la fuerza pública acusados de falsos positivos.

La directora de la ARN, Alejandra Miller, destacó que este memorando es clave para avanzar en la seguridad jurídica de los firmantes del Acuerdo de Paz y de los comparecientes de la fuerza pública.

Por su parte, el magistrado Alejandro Ramelli indicó que el objetivo de la JEP es emitir decisiones que transformen la realidad de las víctimas y de los comparecientes, y no quedarse en fallos meramente simbólicos.

La JEP también ha recibido respaldo de países garantes y de la comunidad internacional para la implementación de estas medidas. Además, ha puesto en marcha iniciativas como “Obras por impuestos”, que buscan involucrar al sector privado en el proceso de reparación y restauración.

De acuerdo con las proyecciones del tribunal, las primeras sentencias contra los máximos responsables de crímenes graves se emitirán en la segunda mitad de 2025.