Corte Suprema dictará condena contra exgobernador de Arauca Facundo Castillo por corrupción: se enfrenta a más de 10 años

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo condenatorio contra el exgobernador del departamento de Arauca José Facundo Castillo Cisneros por el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales.

Según informó la Sala de Primera Instancia en la mañana del miércoles 30 de abril, se comprobó que el exmandatario avaló la suscripción de contratos que beneficiaron de manera indebida a ciertos contratistas, específicamente en proyectos relacionados con la dotación de centros educativos, cuyo valor superó los 24.000 millones de pesos.

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De acuerdo con la decisión unánime de la Sala, se identificaron irregularidades graves en el proceso de contratación, como la presentación de cotizaciones falsas y la imposición de requisitos que restringieron la participación de otros proponentes en la subasta.

Estas acciones, según la Corte, fueron realizadas con el objetivo de favorecer al Consorcio Educando Arauca, el contratista seleccionado.

Además, el tribunal concluyó que Castillo no solo carecía de confianza en sus subalternos, sino que él mismo aprobó y dirigió las conductas ilícitas.

En el fallo, la Corte señaló que Castillo era plenamente consciente de las irregularidades y orientó su voluntad hacia la ejecución de estas acciones.

“Era consciente de las circunstancias del hecho típico y de la posibilidad del resultado. También que a pesar de ese conocimiento orientó su voluntad hacia la realización de la conducta de la que siempre tuvo el control”, indicó la decisión.

Según el análisis del tribunal, los procedimientos previos a la contratación, avalados por Castillo y su equipo, carecieron de un análisis adecuado de mercado, costos y otros elementos esenciales de planeación, lo que evidenció una intención deliberada de aparentar legalidad en un proceso que no cumplía con las exigencias legales.

El fallo también abordó el cargo de peculado por apropiación, relacionado con un presunto detrimento al departamento de Arauca por más de 1.400 millones de pesos debido a pagos superiores al costo real de las obras realizadas por el Consorcio Educando Arauca.

Sin embargo, la sala absolvió a Castillo de este delito, al considerar que las pruebas presentadas no lograron demostrar de manera concluyente que se hubiera generado dicho detrimento.

Durante la audiencia pública, presidida por el magistrado Ariel Augusto Torres, se confirmó la sentencia condenatoria por contratación irregular, declarando a Castillo coautor responsable en concurso homogéneo y sucesivo de este delito.

No obstante, la absolución por el cargo de peculado por apropiación se fundamentó en el principio de duda favorable al procesado.

La defensa de Castillo solicitó que se le concediera prisión domiciliaria, argumentando problemas de salud y la ausencia de antecedentes penales.

Sin embargo, la Corte determinó que el exgobernador deberá permanecer en prisión mientras se define el monto de la pena, que podría alcanzar hasta 15 años de reclusión. La decisión sobre la duración exacta de la condena y el lugar de reclusión se dará a conocer en los próximos días.

Entretanto, el exmandatario también otro proceso ante la Procuraduría General de Colombia, que en agosto de 2024 emitió un pliego de cargos contra José Facundo Castillo Cisneros.

Según informó la entidad en su momento, las acusaciones están relacionadas con anomalías detectadas en el suministro de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

De acuerdo con la Procuraduría, las irregularidades habrían generado un sobrecosto de 1.783 millones de pesos, cifra que corresponde a los gastos adicionales derivados de las fallas en el proceso de contratación.

Este hallazgo llevó a una revisión detallada de las acciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas.

Además de Castillo Cisneros, la investigación incluye a William Arévalo Quintero y Maricel Ortiz Ramírez, que ocuparon el cargo de exsecretarios de Educación del departamento de Arauca durante el periodo en cuestión. También están implicados Uriel Niño López, exgerente de Contratación; Holman Jefrey Ruiz Puerta, supervisor del contrato; y Diana Susi Mahecha Herrera, representante legal de la empresa Invida SAS, encargada de la interventoría del contrato.

El organismo de control señaló que las acciones de los involucrados podrían haber vulnerado los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación pública en Colombia. Según el informe, la conducta de los señalados habría comprometido la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos destinados al PAE, un programa clave para garantizar la alimentación de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.