La disidencia de las antiguas Farc, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), respondió al decreto emitido recientemente por el Gobierno Nacional que establece medidas de preagrupamiento y un plazo para su cumplimiento.
A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, el grupo armado dejó claro que solo acepta la creación de una zona de ubicación en la región del Catatumbo y rechaza la propuesta de extender este modelo a otras áreas del país.
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El decreto, expedido el pasado 18 de abril, ordenaba la suspensión temporal de las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional contra el Bloque Magdalena Medio del Embf, que tiene presencia en el Catatumbo, durante un mes, hasta el 18 de mayo.
La medida buscaba generar condiciones logísticas y de seguridad que facilitaran el preagrupamiento de los integrantes de ese bloque, como parte de una fase de avance dentro del proceso de paz que el Gobierno impulsa bajo el marco de la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total.
Además del caso específico del Catatumbo, el decreto instaba a que los demás frentes y bloques del Embf avanzaran también hacia el establecimiento de zonas de ubicación, una propuesta que fue rechazada en la comunicación enviada al Ejecutivo.
Según la carta firmada por los representantes del Estado Mayor, la figura de zonas de ubicación generalizadas no había sido discutida ni acordada en la mesa de diálogo instalada entre el Gobierno y esa disidencia.
A juicio del grupo armado, esta iniciativa no solo rompe la confianza construida durante las conversaciones, sino que también podría poner en riesgo los avances logrados hasta ahora.
El único punto en el que reconocen haber aceptado la posibilidad de una zona de ubicación es en el Catatumbo, región del Norte de Santander que ha enfrentado una grave crisis humanitaria tras los enfrentamientos a comienzos de este año entre el Embf y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La violencia generó el desplazamiento de al menos 65.000 personas, considerado uno de los mayores éxodos internos en dos décadas en Colombia. Ante esta situación, y con el fin de facilitar el regreso de las comunidades a sus territorios, la disidencia había acordado, de manera excepcional, la creación de un espacio de ubicación en esta zona.
En la carta, los representantes del Embf subrayaron que esta excepción no puede ser extrapolada a otras regiones donde también operan, argumentando que la realidad sociopolítica de cada territorio es distinta. También descartaron que esta posición obedezca a divisiones internas en su organización.
El grupo armado reiteró su disposición a continuar el diálogo con el Gobierno, pero insistió en que las zonas de ubicación deben responder a acuerdos previos y no a imposiciones unilaterales.
Propusieron, además, la creación de una comisión para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo.
Otro aspecto relevante de la comunicación es que la disidencia reiteró su postura respecto a las armas. Aseguraron que, en esta fase del proceso, no contemplan su entrega, argumentando que no están dispuestos a desarmarse mientras persistan las causas estructurales que originaron el conflicto armado en Colombia.
Esta posición contrasta con la expectativa de algunos sectores del Gobierno, que habían planteado la posibilidad de que la ubicación en zonas especiales fuera acompañada de un proceso de desarme progresivo.
Finalmente, la carta advierte que insistir en la imposición de zonas de ubicación generalizadas, bajo la lógica de ultimátum, podría derivar en un agravamiento de la confrontación armada, situación que tanto el Gobierno como la disidencia aseguran querer evitar.
Las zonas de ubicación planteadas por el Gobierno están contempladas en la Ley de Paz Total, que establece que estos espacios deben ser rurales, garantizar el ejercicio del Estado de Derecho y servir de base para proyectos productivos y de reincorporación a la vida civil.
No obstante, aún falta la reglamentación de esta ley, pendiente desde noviembre de 2023 tras un llamado de la Corte Constitucional, lo cual genera incertidumbre sobre la implementación práctica de este tipo de medidas.
La respuesta del Estado Mayor de los Bloques y Frentes se da en un momento crucial para los esfuerzos de paz en Colombia y plantea nuevos desafíos para el Gobierno en su intento de mantener abiertos los canales de negociación con grupos armados organizados al margen de la ley.
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