Una modificación en los criterios internacionales para calcular las asignaciones salariales podría reducir en hasta un 13 % los ingresos mensuales de los funcionarios diplomáticos colombianos que trabajan fuera del país.
El cambio afecta tanto a quienes dirigen embajadas y consulados como a los empleados de menor rango en el servicio exterior.
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El ajuste se origina en una actualización del índice de costo de vida utilizado por Naciones Unidas, sobre el cual se basa parte de la remuneración en dólares que reciben quienes integran la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El reajuste comenzó a aplicarse a partir de abril, por lo que su efecto será visible en los pagos correspondientes a este mes.
La estructura salarial en la Cancillería contempla dos esquemas distintos: uno para quienes laboran en territorio nacional y otro diseñado para quienes cumplen funciones fuera del país. En el caso del servicio diplomático internacional, el ingreso está compuesto por un salario básico, una prima especial y una prima por costo de vida. Esta última depende del nivel de inflación y condiciones económicas en el país de residencia del funcionario, según los indicadores de Naciones Unidas.
Recientemente, esa organización modificó la forma de calcular el componente relacionado con el costo de vida, lo que desencadenó una reducción porcentual en las asignaciones salariales. De acuerdo con lo informado por los sindicatos diplomáticos, la disminución oscila entre el 12 % y el 13 %, y se aplica de manera general en todas las escalas jerárquicas.
Ante este escenario, organizaciones sindicales como Unidiplo y Semrex han iniciado acciones para manifestar su preocupación por el impacto que esta medida tendría sobre los trabajadores. Entre las iniciativas, se encuentran campañas de información desplegadas en las sedes diplomáticas del país en el extranjero, con el fin de alertar sobre las consecuencias del recorte.
Los sindicatos también han sostenido conversaciones con la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, en busca de alternativas que permitan contrarrestar los efectos del nuevo cálculo. Sin embargo, las decisiones relacionadas con la implementación de un reajuste salarial no están bajo la competencia exclusiva de la Cancillería.
Actualmente, la responsabilidad de evaluar y eventualmente autorizar un cambio que compense la disminución recae sobre el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Ambas entidades deberán definir si se toman medidas para evitar que los salarios continúen deteriorándose, como resultado de factores externos al Gobierno nacional.
La discusión se produce en un contexto en el que se ha puesto en cuestión la estabilidad laboral y la sostenibilidad de los ingresos de los colombianos que representan al país en el exterior. Las asociaciones sindicales han advertido sobre el posible deterioro de las condiciones laborales si no se da una respuesta institucional que mitigue el impacto de la actualización internacional.
El cambio en el cálculo coincide con denuncias recientes relacionadas con nombramientos en el servicio diplomático. Según Gustavo Bolívar, “desde la Cancillería se entregaron cuotas burocráticas a partidos políticos en consulados de Colombia en el exterior a cambio de su apoyo en el Congreso”.
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