
El fortalecimiento del sistema de salud colombiano en 2025 viene marcado por una de las cifras de inversión más significativas de los últimos años. Aunque el panorama económico presenta retos importantes, el respaldo financiero de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) es clave para garantizar el acceso a servicios médicos en todo el país.
Uno de los puntos destacados de este trimestre fue el desembolso acumulado de $15,3 billones dirigido exclusivamente a clínicas, hospitales y demás instituciones prestadoras de servicios, lo que representa un incremento del 134% con respecto al primer trimestre del 2024, cuando el monto fue de $6,53 billones. Esta cifra, que fue celebrada por distintos actores del sector, reflejó el papel central que desempeña el giro directo como mecanismo para dinamizar la atención médica y asegurar la liquidez de las IPS.
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Entre los principales beneficiarios del giro directo se encuentran nombres conocidos del sistema de salud como Colsubsidio, Clínica Colsanitas S.A., Cafam, Droguería Cruz Verde SAS y Audifarma. Estas entidades recibieron una porción importante de los recursos asignados entre enero y marzo, contribuyendo así a sostener la atención de millones de usuarios. A nivel mensual, marzo cerró con una cifra considerable, $7,46 billones distribuidos en diferentes frentes del sistema. Para el régimen subsidiado, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) representó $3,77 billones, mientras que se trasladaron $2,38 billones por giro directo a clínicas y hospitales, y más de $800.000 millones a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
En cuanto al régimen contributivo, los recursos movilizados en marzo fueron de $3,68 billones. De este monto, $2,30 billones se giraron directamente a 2.687 IPS y proveedores, mientras que el resto —$1,37 billones— fue canalizado a las EPS. En paralelo, la Adres continúa reconociendo obligaciones derivadas de derechos adquiridos por los ciudadanos. “Ha reconocido licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela por más de $296.000 millones”, confirmó la entidad, resaltando su compromiso con el respeto a las garantías sociales.
Además, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, la entidad está pagando la deuda de presupuestos máximos correspondiente al año 2022, por un total de $819.000 millones. Este proceso inició en febrero de 2025 y se está ejecutando mediante cuotas mensuales de $200.000 millones, lo que llevó algo de alivio a cientos de prestadores que esperaban el pago de estos servicios no incluidos en el plan de beneficios.

En el balance global del primer trimestre, la Adres anunció un desembolso total de $22,5 billones, divididos en $11,1 billones para el régimen subsidiado y $11,4 billones para el régimen contributivo. “Del valor de la UPC reconocida en marzo, fueron distribuidos un total de $5,12 billones a 3.593 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud por concepto de giro directo”, detalló la entidad.
Inyección a la salud
Los giros realizados por la Adres durante el primer trimestre de 2025 representan mucho más que simples transferencias contables, constituyen un eje fundamental para la sostenibilidad del sistema de salud colombiano y un impulso estratégico para la economía nacional. En un país donde el acceso a la salud pública es vital para millones de ciudadanos, estos $22,5 billones aseguran la continuidad de servicios esenciales, la estabilidad financiera de hospitales y clínicas, y el cumplimiento de derechos como la maternidad, la paternidad y la atención derivada de acciones judiciales.
Desde el punto de vista económico, este flujo masivo de recursos dinamiza múltiples sectores, sostiene empleos directos en el ámbito médico y administrativo, estimula la compra de insumos y tecnología, y fortalece cadenas de suministro en la industria farmacéutica y hospitalaria. A su vez, reduce la presión sobre el gasto de bolsillo de los hogares, permitiendo que las familias puedan destinar recursos a otras necesidades básicas o al ahorro.

En el plano social, estos giros representan una herramienta poderosa contra la desigualdad. Al fortalecer el régimen subsidiado y garantizar pagos a tiempo, se mejora el acceso a la salud de poblaciones vulnerables, se promueve la equidad territorial y se reduce el riesgo de colapso en zonas históricamente desatendidas. En conjunto, esta inversión contribuye a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones y refuerza el pacto social que sostiene al sistema de salud como un bien público y colectivo.
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