Una controversia se desató entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el personero de Ocaña, Jorge Bohorquez, luego de que este último manifestara públicamente preocupaciones sobre la manera en que la Fuerza Pública ha intervenido en zonas rurales del Catatumbo.
La confrontación ocurrió a raíz de publicaciones hechas por el funcionario local en redes sociales, en las que señaló posibles afectaciones a la población civil durante operativos militares.
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A través de su cuenta de X, Bohorquez hizo una serie de advertencias relacionadas con el impacto que estarían teniendo los enfrentamientos armados en la región, particularmente en la vereda El Pino. Según indicó, algunas de las acciones recientes del Ejército habrían provocado desplazamientos de habitantes, incluidos menores de edad, al tiempo que expresó inquietud sobre la cercanía de los bombardeos a zonas habitadas.
Entre sus publicaciones se lee: “Los disparos de artillería están cayendo muy cerca de trabajadores; espero se verifique bien sitio de presencia de actores armados, población civil en medio de enfrentamientos”. También señaló que estos hechos habrían generado un nuevo desplazamiento masivo, con presencia de niñas, niños y campesinos en el área.
Ante estos señalamientos, Benedetti respondió con firmeza. El jefe de la cartera política calificó como injustas las declaraciones del personero y aseguró que sus afirmaciones socavan el trabajo de las Fuerzas Militares. “Señor personero de Ocaña, negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”, escribió el ministro.
La respuesta de Benedetti encendió el debate en torno al papel que cumplen los funcionarios del Ministerio Público en contextos de conflicto, así como sobre los límites del control civil frente a operaciones de seguridad. Aunque Bohorquez no respondió de inmediato al pronunciamiento del ministro, sus trinos previos habían generado eco entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
La discusión también ocurre en medio de la implementación del decreto de conmoción interior en el Catatumbo, una medida que ha sido defendida por el Gobierno Nacional como necesaria para enfrentar el control territorial de grupos armados ilegales. No obstante, sectores locales han expresado dudas sobre su efectividad y, especialmente, sobre las garantías para las comunidades que viven en medio de la confrontación.
El intercambio entre Benedetti y Bohorquez plantea nuevas tensiones entre los esfuerzos del Gobierno por consolidar la presencia del Estado en zonas históricamente afectadas por la violencia, y los reclamos de autoridades locales que piden mayor atención a las consecuencias humanitarias de esas acciones.
La situación en el Catatumbo ha sido motivo de múltiples alertas humanitarias en los últimos meses. Además de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública, persisten las denuncias sobre desplazamientos, confinamientos y riesgo para líderes sociales. En ese contexto, la controversia entre el ministro y el personero reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad y protección de derechos en una de las regiones más complejas del país.
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